El paro es convocado por la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL) que informó que 98 vocales de tribunales superiores y 800 jueces acatarán la medida en los nueve departamentos judiciales del país a pesar de los anuncios sobre que se podrían efectuar descuentos a quienes no trabajaran.
El objetivo del paro “es velar por el respeto a las garantías de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, suspendidos por la Cámara de Diputados. Eso dejó en completo estado de indefensión a la ciudadanía, porque quedamos sin un controlador constitucional. Pero además, velamos por la independencia del juez. Porque no puede ser que por cada resolución que no le guste al Gobierno, se venga un juicio. Los procesos contra dos ministros de la Suprema y dos vocales, son claros ejemplos del tema”, explicó el presidente de AMABOL, Juan Pereira, en declaraciones reproducidas por el diario La Razón.
El conflicto se originó cuando a mediados de mayo Morales pidió el juicio político de cuatro jueces del Tribunal Constitucional, al que la Cámara de Diputados hizo lugar y ahora deberá llevar adelante el Senado. Los magistrados acusados habían suspendido a otros jueces de la Corte Suprema designados por Morales. “Se ha demostrado que el Tribunal Constitucional toma decisiones políticas y no jurídicas”, había dicho Morales.
La misma Corte Suprema no logró consenso interno para adherir al paro. El presidente del Máximo Tribunal, Héctor Sandoval, sostuvo que igual están “plenamente de acuerdo, con los motivos y la decisión de Amabol por el tema de que se respeten los derechos de los tribunos”.
Sin embargo, quienes se adhieran a la medida podrán sufrir descuentos en sus salarios por parte del Consejo de la Judicatura cuyos integrantes tampoco se sumarán al paro. Por su parte, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, se mostró a favor de descontar los dos días no trabajados.
“Si dependiera de nosotros, les aseguro que tendrían un descuento de 48 horas de inmediato por no trabajar”, sostuvo Linera aunque aclaró que esa no es una decisión que pueda tomar el Gobierno ya que el Judicial es un “poder autónomo”.