Los –aproximadamente- 800 niños que residen en los centros de rehabilitación femenina de Quito y Guayaquil serán reubicados en hogares e instituciones, para gozar de una vida salubre, eximiéndose de las penas que deban cumplir sus progenitoras. A su vez, Moreno se comprometió a invertir 1,6 millones de dólares para los traslados, las mejoras de las guarderías penitenciarias y la implementación de un sistema preventivo en el área cárceles.
El plan estará a cargo de la Secretaría de Solidaridad y constará de varias alternativas: reinsertar al menor con su familia (en caso de no tenerla asistiría a un centro temporal) o buscar una familia que le de los cuidados necesarios (de no conseguirla el niño irá a una casa hogar o será puesto en adopción).
La iniciativa ecuatoriana habría comenzado en noviembre de 2006, bajo el programa “Niños libres”, que ya posibilitaba que los niños y adolescentes hijos de convictos puedan vivir –con el consentimiento de sus padres- con otros familiares cercanos, y no en la marginalidad y el encierro.
Las condiciones de vida que padece un niño privado de su libertad, violan claramente derechos establecidos en tratados internacionales, así como también en la Constitución de la República del Ecuador. Además esta alarmante situación se extiende a una enorme cantidad de países en el mundo.
En el caso de la Argentina, el panorama no resulta más alentador: la lucha por mejorar las condiciones de vida de los niños alojados con sus madres en cárceles avanza con lentitud.
En mayo de este año, el Comité contra la tortura bonaerense presentó un amparo colectivo que buscaba proteger el vínculo materno y privilegiar medidas de detención alternativas a la prisión para las mujeres detenidas junto a sus hijos.
Recientemente se logró un avance porque se le dio media sanción a un proyecto que busca ampliar los beneficiarios de la prisión domiciliaria. Allí se contempla que puedan gozar del beneficio madres con hijos menores a cinco años, embarazadas o enfermas que no puedan ser tratadas en las cárceles por falta de condiciones. Ahora el proyecto está en la Cámara de Senadores buscando la sanción definitiva.