Para el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, las respuestas que los gobiernos de la Nación y del Chaco brindaron por la situación de los aborígenes de esa provincia “demuestran que no se ha cumplido”. La Corte había ordenado el suministro de agua potable y alimentos, ahora le solicitó que ordene a los Estados que informen, cada 10 días, las acciones que emprendan, además de proponer una nueva audiencia pública.
Mondino detalló en el escrito que presentó este martes en la Corte que en los primeros días de octubre cada aborigen recibió un paquete con 5 kilos de alimentos y 6 botellas de 2 litros y medio de agua cada 15 días, y en algunos casos cada 60.
“Fácil resulta darse cuentas que esas cantidades de alimentos y de agua no alcanzan para cubrir mínimamente las necesidades de las personas afectadas, ni siquiera para paliar el que padecen a diario”, sostuvo el Defensor del Pueblo. Y agregó que durante la visita que hizo entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre a las regiones tobas del Chaco constató que muchas familias “no han recibido hasta la actualidad ninguna ración de alimentos ni de agua potable”.
Entre las medidas que Mondino le solicitó a la Corte se encuentran: que los Estados informen cada 10 días la cantidad, descripción, lugares de entrega y nombres de los destinatarios de los alimentos y del agua potable y los medios de transporte y comunicación previstos para acceder a los puestos sanitarios. También pidió que se les imponga sanciones económicas para destinar a las comunidades aborígenes.
Por último, el Defensor sostuvo que resultaría conveniente fijar a la brevedad una nueva audiencia pública en la cual los obligados expliquen detalladamente de qué manera se encuentra en curso de cumplimiento la orden del Tribunal”.
El miércoles pasado, los gobiernos de la Nación y del Chaco informaron en una audiencia pública cómo están llevando a cabo las acciones que la Corte les ordenó al hacer lugar a un amparo que presentó Mondino por la situación de desnutrición y desprotección social que viven los aborígenes de la región sudoeste del Departamento General Quemes y noroeste del Departamento Libertador San Martín, en la provincia de Chaco.
El Máximo Tribunal dispuso que los aborígenes reciban agua potable y alimentos y se les suministre medios de transporte y comunicación adecuados a cada uno de los puestos sanitarios de las regiones.
“El Estado Nacional y el Estado Provincial no han demostrado que se encuentren dando acabado cumplimiento a la medida cautelar. Las acciones positivas que produjeron resultan a todas luces insuficientes, pues, subsisten el hambre, la desnutrición y no han cesado las muertes”, afirmó Mondino.
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