En el imaginario argentino, la idea de “primer mundo” es sinónimo de orden, organización y pleno empleo. Sin embargo, en contraposición a este imaginario, en la Justicia de Madrid la realidad parece ser totalmente distinta. En menos de una semana, las huelgas de los empleados judiciales de Madrid atoraron e interrumpieron el funcionamiento de los servicios judiciales. Se cree que el sistema colapsará si los 300 trabajadores concentrados en la Plaza de Castilla –junto con los sindicalistas- no llegan a un acuerdo con la Consejería. Por el momento, no tienen previsto levantar la medida de fuerza.
Los empleados judiciales de Madrid advirtieron que prolongarán el paro por un plazo indefinido, hasta que el vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada, decida negociar con los sindicatos las mejoras laborales y retributivas exigidas por el gremio, integrado en la región por unos 5.000 empleados públicos.
Así, los trabajadores reunidos en los Juzgados de Plaza de Castilla para reclamar ya son más de 300, y exigen: un aumento salarial -hasta alcanzar los 700 euros en el complemento específico- , la reducción de la tasa de temporalidad entre los trabajadores a un 6% y la ampliación de plantillas en los juzgados de lo Penal, de lo Civil y en las fiscalías. Entre otras pretensiones también se destacan: un incremento de las prestaciones sociales, la supresión la precariedad laboral y reparación de la sobrecarga de trabajo, que afecta a la mayoría de las jurisdicciones.
Otro de los reiterados planteos en las demandas sindicales radica en las diferencias de remuneración que se les otorga a funcionarios de justicia de distintas regiones españolas. Los huelguistas denuncian que los madrileños cobran 246 euros menos que Cataluña, 286 menos que Euskadi, 256 menos que Navarra y 96 menos que Andalucía. En ese sentido, denuncian ser los “peores pagados de todas las comunidades autónomas”, pese a exhibir el 38 por ciento del volumen de asuntos de todo el Estado.
Las huelgas –apoyadas por los cuatro sindicatos CC.OO, CSI-CSIF, STAJ y UGT- ya afectaron la normalidad de 800 servicios de justicia de la ciudad (juicios, declaraciones y embargos, entre otros procesos). Los primeros paros habrían sido el 7 y 14 de noviembre, momento en que no se pensaba a la medida como algo a extenderse en un plazo indefinido. Por nuestra parte, en Argentina, a fines de mayo de este año, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) levantó una carpa en la Plaza Lavalle durante 11 días, reclamando además de aumentos salariales, la regularización del sistema de empleados meritorios. Luego, con la intervención de la Corte Suprema, se resolvió que: a partir del 1º de junio, los meritorios censados fueran inscriptos en una categoría no inferior a escribiente auxiliar, el pago de la deuda salarial de 2005 y la evaluación por una Comisión durante 90 días.
Por otro lado, a nivel de las justicias provinciales, el 17 de agosto la Federación Judicial Argentina (FJA) también convocó a un paro nacional de equiparación salarial, luego de denunciar, como España, las grandes diferencias de remuneraciones en el territorio nacional. 30.000 empleados adhirieron a la medida en reclamo de mejoras laborales, y marcharon al Ministerio de Justicia de la Nación.
Lo que resulta claro, es que tanto en España como en Argentina, los conflictos laborales en los ámbitos judiciales ocurren y tanto los abogados como los justiciables deben lidiar con las complicaciones que generan.