El Gobierno de Neuquén parece no tener más escapatoria y finalmente deberá cumplir con la sentencia judicial que lo obliga a entregar información pública relacionada con su inversión en publicidad oficial durante los años 2004, 2005 y 2006. Las autoridades habían dado los datos en forma parcial y extemporánea y ahora la Justicia intimó al cumplimiento total bajo apercibimiento de aplicar astreintes.
La orden fue dictada por la jueza Julia Buisson de Bagio, a cargo del Juzgado Civil Nº 4 de Neuquén, tras la sentencia que dictó a mediados de 2007 en autos caratulados
"Barraza Scheer Fernando Eliseo y otros contra Provincia de Neuquén s/ acción de amparo” y que luego fue confirmada por la cámara.
Allí, se ordenó al gobierno de la Provincia a entregar la información sobre inversión publicitaria, que había sido requerida a través de una acción de amparo iniciada por Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad, la Cooperativa de Trabajo (8300) y el Sindicato de Prensa de Neuquén, con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Sin embargo, la provincia entregó a través de la Fiscalía de Estado cierta documentación relacionada con el pedido original, pero la jueza consideró que la información era parcial y no cumplía con lo ordenado. De modo que ahora la sentencia ordenó que la información se desdoble por semestres y exigió que la provincia de a conocer “los criterios de adjudicación utilizados para asignar la publicidad oficial a cada medio y tipo de medio”.
“El fallo judicial debe cumplirse, de lo contrario la decisiones judiciales firmes y el reconocimiento de derechos que las mismas comportan se convertirían en meras declaraciones de deseos”, expresó Buisson de Bagio. Mientras que agregó que “su no cumplimiento importa el desconocimiento del imperium de los jueces con grave afectación de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho”.
De esta manera, la sentencia indica que frente al cumplimiento parcial de la provincia, corresponde intimar a que la misma de cumplimiento a la sentencia dentro de los 30 días, bajo apercibimiento de imponer astreintes al Fiscal de Estado.
“El silencio, el pedido de prórroga, la morosidad y el incumplimiento parcial de la sentencia producen además de un proceso desnaturalizado una excesiva prolongación del mismo vulnerando los derechos constitucionales que se encuentran en juego, en una palabra, haciendo que la tutela jurisdiccional no sea efectiva”, concluye el fallo.
Este no es el único caso en que se cuestiona la falta de acceso a la información pública en Neuquén. A principios de noviembre, el Consejo de la Magistratura también incumplió con una orden judicial y un juez civil de la provincia le aplicó astreintes por cien pesos diarios.
El cuerpo debía exhibir las actas en las que constan los motivos por los cuales despidieron a una contadora una semana después de haber sido designada como directora de Planificación, Contaduría y Tesorería. El caso llegó a la Justicia a través de un amparo al que el juez de primera instancia hizo lugar y luego fue confirmado por la sala III de la Cámara Civil.
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