Tras cuatro años de estar en manos del Poder Legislativo sin una aprobación, el Tribunal Superior de Corrientes reclamó a los legisladores que avancen en el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley que impulsa una sustancial reforma procesal penal en la Provincia.
El proyecto fue elevado por el STJ a la Legislatura en 2004, pero al día de la fecha no ha tenido tratamiento a pesar de que los autores de la iniciativa y el entonces presidente del Tribunal, y actual ministro, Carlos Rubín brindaron informes a los diputados sobre las modificaciones impulsadas.
Las reformas propuestas se centran: en pasar a un sistema penal de corte acusatorio y en establecer una clasificación de los procesos conforme su complejidad para permitir la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos.
Desde el STJ indicaron que las modificaciones apuntan a optimizar la eficacia de la investigación penal. Ello ante la necesidad de agilizar el trámite de las causas del fuero en la provincia, que a septiembre del 2007 tenía en trámite 179.531 expedientes.
Sobre el cambio de sistema, el proyecto pretende dejar en manos del Fiscal la etapa de investigación del proceso. Ello, se debe a que la mayoría de las veces se denuncia un presunto delito y luego, en la etapa investigativa, surge otro de mayor complejidad o de menor entidad, lo que quedaría subsanado quedando la fiscalía al mando de la instrucción.
Actualmente, la investigación es responsabilidad del Juez de Instrucción y el fiscal centra su participación en la ocurrencia del hecho y su calificación típica. Algo que no se corresponde con el nuevo texto de la Constitución provincial, que pone al representante del Ministerio Público como titular de la acción penal pública.
Además, le idea es que la querella también cambie su rol actual y pueda constituirse en protagonista en la resolución del conflicto, obteniendo más facultades para impulsar la causa contra el autor del delito.
En cuanto a la clasificación de los procesos por la complejidad del hecho, la iniciativa busca caratular las causas en simples y complejas, otorgándoles procedimientos diferentes para cada una. Para ello, se analizará la magnitud de agresión al bien jurídico tutelado, otorgando un tratamiento diferente, por ejemplo, a las lesiones leves o hurtos que a los homicidios.
Esto a raíz de que las casi 180 mil causas penales pendientes en Corrientes tienen un tiempo de Instrucción habitual de 1 a 2 años como mínimo, y tardan en llegar a juicio. Demora que no se le atribuye a la actuación de los juzgados, sino a que los delitos leves son tratados del mismo modo que los complejos.
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