Allí se definía a la publicidad oficial como “toda expresión comunicativa gubernamental realizada por la administración pública nacional central, entes descentralizados y autárquicos, a través de medios de comunicaciones oficiales o pertenecientes al sector privado”.
Asimismo, establece que “la Autoridad de aplicación y control será la Secretaria de Medios de Comunicación de la Nación, que creará un Registro Público de Medios de Comunicación de la Publicidad Oficial.”
En relación al trato otorgado a este tema en las provincias del país, recientemente en Santa Fe, se denunció que durante el trascurso del 2007, la Municipalidad de esa ciudad gastó 5.685.992,44 pesos en concepto de publicidad, una suma considerada exorbitante por el actual intendente, Mario Barletta.
A mediados de ese año, se impulsó un proyecto en la provincia de Chaco cuya intención se basaba en es que la información pública sea preservada “de cualquier connotación propagandística o tendenciosa”. A su vez, estimaba que ésta debía canalizarse a través de la publicidad oficial, que tendría que ser objetiva.
La iniciativa fue presentada por el diputado justicialista Ricardo Sánchez, quien afirmó en su momento, que esta propuesta surgía de la necesidad de transparentar las pautas publicitarias, “que son un modo de amordazar a la prensa y someterla a los intereses del gobierno de turno”.
Tiempo después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la utilización de la pauta oficial para silenciar medios de comunicación es ilegal, discriminatoria y afecta la libertad de prensa. Esta resolución, se dictó en respuesta a un reclamo contra la provincia de Neuquén en el que se denunció hechos de corrupción relacionados con la administración de Sobisch.
En esa provincia, un mes después de ese pronunciamiento, se anunció que los responsables de la Secretaria de Medios y el gobernador de ese lugar, podrían ser denunciados penalmente por incumplir con la orden judicial confirmada por la Sala II de la Cámara Civil, que obligaba a la provincia a informar cuánto dinero se gastó en publicidad oficial en los últimos tres años. Finalmente, en diciembre luego de brindar los datos en forma parcial y extemporánea, la justicia intimó al cumplimiento total bajo apercibimiento de aplicar astreintes.
Actualmente, una nueva región se decide a crear una normativa sobre esta cuestión. En este marco, la gobernadora Fabiana Ríos dictó un decreto que regula la forma en que el Poder Ejecutivo provincial distribuye su presupuesto publicitario, lo que convierte a Tierra del Fuego en la primera provincia argentina en sancionar un marco legal sobre este tema.
La medida reconoce que el reparto discriminatorio y arbitrario de la publicidad es una violación a la libertad de expresión y busca “reducir la discrecionalidad” en la colocación de la pauta.
El decreto dispone que la Secretaría de Comunicación Institucional será quien suscriba los contratos “según las necesidades reales de cada área y/o servicio”. Las asignaciones de pauta se publicarán en el sitio web oficial de la Provincia.
Por otro lado, crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, en el que se deberán inscribir todos los medios y producciones independientes interesados en contratar publicidad con el gobierno. Éstos tendrán que cumplir ciertos requisitos, entre los que se destacan no tener deudas impositivas, tener a los empleados en situación regular y presentar una declaración jurada de tiraje o visitas, y una grilla de programación con su correspondiente tarifario.
La idea de esta disposición, surgió luego de que en 2005 la ADC y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, publicaran un documento que demostró como las autoridades de ese distrito “parecían usar generosos contratos de publicidad para comprar influencias de casi todos los medios locales”.