Hogar, amargo hogar

La travesía de las 50 familias que fueron desalojadas el 24 de enero pasado de un barrio FONAVI de la localidad de Ensenada, parece no tener fin. Ya el Ejecutivo incumplió una primera orden judicial que le ordenaba garantizar el derecho a una vivienda digna. Luego de ello, los afectados fueron llevados provisoriamente un predio municipal, pero el fracaso de las audiencias para llegar a una solución definitiva y las pésimas condiciones de habitabilidad del lugar, llevaron a un nuevo pronunciamiento de la Justicia platense, que ahora le ordenó reubicar a esas personas en establecimientos hoteleros o pensiones.

Así lo dispuso el juez Luis Arias, a cargo del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo 1 de La Plata, quien señaló que “la población afectada por la falta de viviendas se encuentra provisoriamente alojada bajo un tinglado que, si bien constituyó una solución de emergencia para evitar la permanencia de las personas en la calle, actualmente genera una afectación de los derechos humanos esenciales”.

Ello, por la situación sanitaria del lugar, que está generando afecciones como desnutrición en niños y adultos, embarazos de riesgo, hepatitis B, diarrea aguda, otitis, bronco espasmos y conjuntivitis, entre otros. Incluso, se señaló que hay una menor de doce años con pérdida de embarazo sin tratamiento ginecológico.

Así las cosas, y ante la falta de propuestas por parte del Estado provincial para proveer una solución temporaria, el juez Arias entendió conveniente un nuevo pronunciamiento en los autos caratulados "Castillo Gabriela Gisela c/ provincia de Buenos Aires y otra s/ amparo”.

“A fin de prevenir situaciones de gravedad, derivadas de la falta de higiene, hacinamiento, ausencia de duchas, y espacios compartimentados para la privacidad de las personas, corresponde ordenar las medidas necesarias para una mínima protección de los citados derechos”, dice la nueva cautelar.

De este modo, el Ejecutivo bonaerense fue emplazado para que dentro del plazo de dos días disponga el alojamiento de las familias en establecimientos hoteleros o pensiones de las ciudades de Ensenada, La Plata o Berisso, hasta tanto recaiga sentencia firme en el caso. Ello bajo apercibimiento, nuevamente, de aplicar astreintes en caso de que las personas desalojadas no gocen de la adecuada protección social.

El desalojo que llevó a iniciar la acción judicial en cuestión se produjo durante la madrugada del 24 de enero por medio de fuerzas policiales. Luego el juez Luis Arias había dictado una medida cautelar para que tanto el municipio de Ensenada como el gobernador otorgaran viviendas a las 300 personas afectadas. Frente al incumplimiento del Gobierno bonaerense, el magistrado le aplicó astreintes a Scioli por 800 pesos diarios. Esa medida se levantó cuando se propuso alojar provisoriamente a las familias en el predio municipal en el que estuvieron, pero ahora allí ya no se garantizan las condiciones de habitabilidad mínimas.

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