El pedido fue efectuado en el marco de la ley provincial de presupuesto 2008 que autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar los remanentes de ejercicios anteriores que no estuvieran comprometidos al 31 de diciembre del año pasado.
El Poder Judicial informó oficialmente que los remantes que incorpora el Gobierno son del orden de los 163 millones, distribuidos entre los organismos del Estado pero ninguno de la Justicia. “Ello colisiona con la actual Ley de Presupuesto que dispone para el sector de la justicia una asignación del 6,27 por ciento de los recursos generales y genera una diferencia en menos de aproximadamente 10 millones de pesos”, sostuvo el STJ a través de un comunicado.
El reajuste presupuestario fue solicitado la semana pasada al Poder Ejecutivo por carta firmada por el presidente subrogante del STJ, Carlos Rubín. La misiva también fue enviada a las Cámaras Legislativas y al Tribunal de Cuentas.
El remanente de dinero que podría obtener la Justicia reacomodaría sus arcas que quedaron con espacios vacíos cuando se sancionó la ley de presupuesto. El STJ reclamó 213 millones de pesos para afrontar todas las obligaciones del año pero finalmente recibió un poco más de 171 millones.
“Injustos e inequitativos”, calificó el presidente del Máximo Tribunal, Eduardo Farizano, el monto recibido. “No podemos aceptar ni conformarnos con el monto que se nos ha asignado”, agregó el magistrado en abril cuando se conoció la ley de presupuesto.
“Los 213 millones planificados por la Justicia de ningún modo son imprudentes, puesto que éstos responden a una planificación técnica que contempla obras de infraestructura, informatización y desarrollo de recursos humanos”, defendió Farizano.
Toda la Justicia reclamó una mejora presupuestaria cuando se discutía la ley en el Congreso provincial. Jueces del STJ, el fiscal general, Pedro Sotelo, la sub-directora de la Dirección General de Administración, María Inés González D´Amico, el fiscal de primera instancia, Gustavo Schmith, la presidente del Colegio de Magistrados, María Eugenia Sierra de Desimoni, e integrantes del gremio de los empleados judiciales se reunieron con diputados para que no recorten el presupuesto solicitado.