La Federación analizó, en una declaración de su Junta de Gobierno que se reunió los días 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, la situación que atraviesa cada provincia y exhortó a los Gobiernos para que tomen medidas.
Sobre Jujuy, la FAM señaló “la inquietud por la demora en cubrir los cargos vacantes”. En tal sentido pidió “mecanismos constitucionales o legales que instauren plazos cortos y perentorios en los respectivos trámites”.
Las quejas por el nombramiento de jueces también apuntaron a Salta y Neuquén. En la provincia del norte, el artículo 156 de su Constitución establece que los jueces de la Corte Suprema durarán en sus cargos seis años. La FAM autorizó a sus representantes a presentar una acción judicial ante el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación para que se declare inconstitucional ese artículo de la Carta Magna salteña.
En Neuquén, la Federación había denunciado que con la creación del Consejo de la Magistratura los candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones fueron desplazados de los concursos durante la entrevista personal. “Para tomar aquella decisión el Consejo tuvo en cuenta las opiniones personales del candidato sobre temas jurídicos controvertidos, como las referidas al propio Consejo -vertidos en esa entrevista- o en informes psico-técnicos, basados sólo en tests que determinan el perfil de personalidad del postulante”, explicó la FAM.
“Esta Federación expresa su preocupación por la situación planteada y exhorta a los Poderes Públicos de esa Provincia a extremar los recaudos en orden a garantizar la transparencia, ecuanimidad e imparcialidad en la designación de sus jueces y funcionarios que el principio constitucional de independencia del Poder Judicial exige”.
Las críticas a la situación salarial apuntaron al sur. “En la provincia de Chubut se presenta una preocupante situación salarial motivada por un sistema de enganche o porcentualidad blindado y con alícuotas porcentuales excesivas vinculadas al salario que por todo concepto percibe un ministro del Superior Tribunal de Chubut, que impide atender al mandato constitucional de invariabilidad de las remuneraciones de los funcionarios letrados de ese Poder Judicial”, dijo la FAM.
La entidad le pidió a las autoridades de la provincia que modifique la ley 5.444 para “propiciar un paulatino ajuste proporcionado a la depreciación que por el transcurso del tiempo como la recomposición de la escala salarial hoy casi inexistente”.
Como dio cuenta este medio, la Federación también se pronunció respecto a un proyecto que tiene el Poder Legislativo de Corrientes que pretende subordinar el concepto móvil de las jubilaciones a la situación financiera del Instituto de Previsión Social. “Parece imprescindible recordar que la jubilación móvil es una garantía constitucional que es operativa y no puede estar condicionada por gestión administrativa alguna”, sostuvo la FAM.