04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

El caso Bulacio tendrá un nuevo capítulo en la CIDH

La Corte Interamericana convocó al Estado argentino a una audiencia para que informe sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por el tribunal de la OEA en 2003. Será el próximo 14 de agosto, en Uruguay, durante el 35º período extraordinario de sesiones. Argentina deberá demostrar los avances en la causa judicial por la muerte del joven que ya lleva 17 años sin sentencia. También deberá mostrar los cambios en la legislación penal sobre las facultades de la Policía para hacer detenciones.

 
A 17 años de la muerte de Walter Bulacio, el joven que fue detenido y brutalmente golpeado por la Policía tras un recital de Los Redonditos de Ricota, la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó al Estado argentino a una audiencia para que informe sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por el tribunal de la OEA en 2003, donde se responsabilizó a Argentina por el caso.

La reunión será de carácter privado y tendrá lugar el próximo 14 de agosto en Montevideo, Uruguay, en el marco de las 35ª período extraordinario de sesiones que la CIDH realizará en ese país. Allí, los magistrados escucharán a los representantes de argentinos y atenderán las observaciones de la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima y sus familiares.

La sentencia de la Corte Interamericana por el Caso Bulacio fue dictada el 18 de setiembre de 2003 y, a casi cinco años de ello, Argentina sólo ha cumplido con la parte económica y formal del fallo: se indemnizó a la familia del joven y se publicó la sentencia en el Boletín Oficial.

Sin embargo, tres aspectos sustanciales de la decisión del tribunal de la OEA aún están pendientes. En primer lugar, lograr avances en la causa judicial tras el rechazo de la prescripción de la acción y la declaración del caso como delito de lesa humanidad. Allí, aún no se ha dictado sentencia para determinar la responsabilidad penal del único imputado por el caso, el comisario retirado Miguel Angel Espósito.

En segundo lugar, a la familia de Bulacio aún no se la a readmitido como parte querellante en el expediente; y por último, desde el Poder Legislativo no se han dispuesto cambios en la legislación penal que se adapten a las exigencias del Pacto de San José de Costa Rica y que limite las atribuciones de la Policía para realizar detenciones arbitrarias.

“El gobierno de los derechos humanos no ha derogado la legislación que permite la detención de menores”, expresó al respecto Daniel Stragá, abogado de la familia Bulacio.

Además, el letrado se mostró indignado con la actitud de las autoridades argentinas ante el fallo de la CIDH: “Con la plata no se arregló todo”, dijo Stragá, que remarcó que “determinar la responsabilidad de Espósito fue el objetivo de haber ido a la Corte Interamericana”.

Tras la audiencia convocada ahora, Argentina podría pasar a integrar la lista de los estados que han incumplido sentencias de la CIDH, lo que luego será informado a la Asamblea General de la OEA, cuando el tribunal presente el informe de su labor anual. Actualmente, no hay tipificada ninguna sanción para los países que no acaten los fallos.

dju / dju
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