La comisión es convocada a partir del fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley 22.278 de régimen penal de minoridad y ordenó la libertad de 50 chicos de 16 años internados en institutos de menores. Sin embargo, este fallo se encuentra suspendido hasta que se resuelva la cuestión de fondo tal como lo resolvió la Corte Suprema la semana pasada.
La sentencia de la Sala III de Casación en la causa “García, Méndez Emilio” trajo “innumerables controversias en el ámbito judicial”, señala la resolución 578 del Ministerio de Justicia, firmada por Fernández, a través de la que se convoca a la comisión. Esa situación “hace conveniente la adecuación de la legislación en la materia”, agrega el dictamen.
El artículo 1 de la ley 22.278 que fue declarado inconstitucional por Casación permite la detención de los menores de 16 años. En aquella resolución, el tribunal ordenó que los menores sean liberados progresivamente.
La creación de la comisión toma lo ordenado por Casación: convoca a una mesa de diálogo que reúna a todos los sectores involucrados en la materia para que en el plazo de un año el Congreso de la Nación adecue la legislación juvenil a estándares constitucionales y a la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado en septiembre de 2003 contra la Argentina para que adecue su legislación juvenil a parámetros internacionales. Lo hizo en el caso de Walter Bulacio, un joven de 17 años asesinado en abril en 1991 luego de ser torturado en una comisaría de la Policía Federal. El menor había sido detenido en un recital del grupo de rock “Los Redonditos de Ricota” pero nunca se le dio parte a un juez de menores de su aprensión.
El tribunal condenó al Estado por ese caso y dispuso, entre otras resoluciones que incluyeron indemnizaciones para la familia de Bulacio y la reapertura del caso, que se reforme la ley juvenil en base a los tratados internacionales que el país firmó e incorporó a la Constitución Nacional en 1994, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Por su inmadurez tanto física como psíquica, los niños, niñas y adolescentes deben gozar de una protección especial que asegure la vigencia del interés superior de éstos, y garantice la dignidad humana y la libertad, a la vez que efectivice el cumplimiento del derecho de defensa en juicio y la aplicación de la Ley Penal”, destaca la resolución.
La comisión será presidida por Fernández; tendrá un coordinador y estará integrada por profesores nacionales especializados en materia penal y jueces “de reconocida trayectoria”, resalta la resolución. La comisión elevará un proyecto de reforma y actualización de la Ley Penal Juvenil en base a los parámetros internacionales y los fallos judiciales locales. Para eso podrá consultar a organizaciones no gubernamentales, profesionales o académicos especialistas en la materia.