“Decir que la situación carcelaria es grave es una obviedad. Para eso hay dos formas de revertirlo. Una es con más brutalidad, con más corrupción, lo que sería poner más nafta sobre el fuego. La otra es mejorar las condiciones de vida en las cárceles para tener que gastar en un futuro menos en policía, prevención y vidas”, afirmó García Méndez en diálogo con DiarioJudicial.com.
La iniciativa se trata de otorgar institutos que prevé el Código Penal para aquellos presos que alojados en Unidades Penitenciarias federales o provinciales “cursen estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, postgrados o hayan aprendido un oficio, debidamente certificado ante el juez competente de la ejecución”, dice el texto del proyecto.
El magistrado otorgará anticipadamente los institutos del CP -la libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, salidas transitorias por estudio y semilibertad- solicitados conforme los plazos de reducción de la permanencia- que van de un mes a veinte meses- a partir de la certificación emanada por autoridad educativa correspondiente.
“Esto no es solamente a favor de los privados de libertad, sino que también es apoyar y estimular la educación en las cárceles para la paz en la Argentina”, sostuvo el diputado.
La propuesta explica que “la solicitud de la concesión del beneficio la podrá formular el interno, los familiares directos del mismo o el Consejo Correccional al juez competente (…) y que la condena por delito doloso cometido en el curso de la ejecución sucesiva a la concesión de los institutos comportará su revocación”
“Hay relación directa proporcional entre el estimulo a la educación y la violencia como el que hay entre la violencia que ocurre entre los internos y la que se produce entre ellos y la administración”, dijo el legislador del ARI tras calificar al centro universitario de Villa Devoto como “caso testigo ejemplar en las cárceles argentinas”
“Hace veintiún años se encuentra en funcionamiento el Programa UBA XXII, el cual ha demostrado que la tasa de reincidencia de los internos que han asistido a cursos universitarios en las cárceles no supera el 3% cuando la medida de las cárceles federales argentinas supera ampliamente 40% entre reincidentes y reiterantes, según cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, resalta el autor de la iniciativa entre los fundamentos.
La idea surgió por un grupo universitario de ese complejo penitenciario. “En el 2006 se realizó una huelga generalizada. Como consecuencia se entrevistaron en la Cámara de Diputados con Rosario Romero, ex presidenta de la Comisión de Legislación Penal y fue ella quien dijo que le interesaba un proyecto como el que ahora se propuso”, contó Germán Fliess Maurer, ex interno que se recibió de abogado dentro del penal y que colaboró en la preparación de la iniciativa.
A partir de ese momento se empezó a elaborar la iniciativa con Cristina Camaño - Cristina Caamaño, Directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)- en conjunto con los internos, quienes redactaron el proyecto y se lo presentaron posteriormente a García Méndez para que lo impulse
“Estábamos convencidos que se produce un cambio a raíz del estudio, en el conciente y en el inconciente del interno, ya que esto le permite darse cuenta de las falencias que lo llevaron a cometer el delito”- destacó el abogado - “creemos que ese es el camino porque como la mayoría de los que están en cárceles vienen de hogares desfavorecidos, no tiene el concepto de la escuela y necesitan estímulo para que estudien. Por eso hay que generar un interés”. “La finalidad es el estudio y no salir antes, por eso hay un tope” para la reducción del tiempo de alojamiento en el proyecto, concluyó Fliess Maurer