Si bien en la reunión de este martes iban a participar médicos para dar su opinión, los testimonios brindados por miembros de las asociaciones Li-may, AVIVI y Madres del Dolor y la voluntad de aprobar cuanto antes el proyecto, adelantaron el dictamen que seguramente iba a ser dado la semana siguiente.
El registro funcionará bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y lo integrarán las personas con condena firma en caso de que hayan cometido el delito de abuso sexual, a los fines de “mejorar las actividades de prevención e investigación”, afirma el artículo tercero del dictamen. Las causas conexas serían unificadas en un mismo juzgado.
Entre los puntos más destacados esta listado contendrá las huellas dactiloscópicas de los condenados y su ADN no codificante, es decir, que la muestra será utilizada solamente con la finalidad de identificar a la persona y se obtendrá mediante a vía menos lesiva, a pedido del órgano judicial interviniente.
En cuanto a la inserción social, si bien aquel que ingrese en el registro será sometido a una evaluación de un equipo profesional especializado en la materia, a pedido del juez de ejecución de pena, el cual lo orientará para que realice un tratamiento psicoterápico de contención y esclarecimiento, el condenado será el que decidirá si quiere llevarlo a cabo.
La iniciativa aprobada también contempla una sección especial que contendrá los datos genéticos del los autores no identificados, cuyas muestras serán extraídas a través de los exámenes realizados a las víctimas. En este caso, la información caducará cuando prescribiera la acción penal por el hecho cometido. En el caso de autores identificados, estos integrarán el registro hasta que fallezcan.
El acceso al registro será restringido a los fiscales, jueces y tribunales que de todo el país que intervengan en la causa. Por tal motivo, el proyecto prevé incrementar en la mitad del mínimo y del máximo la condena prevista a los delitos establecidos en el Código Penal que cometiera una persona que haya tenido conocimiento indebidamente de la información contenida en el registro.