La construcción de la represa hidroeléctrica está a cargo de una empresa estadounidense que en mayo del 2007 obtuvo la concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco. La represa autorizada es “Chan-75” y está en construcción desde el 2005, pero según demostraron los pueblos originarios, les inundaría el lugar donde están establecidas cuatro comunidades Ngöbes.
Según la Comisión Interamericana, correspondía otorgar la medida “con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”. Ordenó, en tal marco, a Panamá “suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
A su vez, bregó por que se adopten medidas para evitar las intimidaciones a los miembros del pueblo mencionado así como su libre circulación. Los pueblos originarios de la zona argumentaron que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer actividades tradicionales de caza y pesca. En el lugar viven unos mil indígenas, y se prevé que otros cuatro mil se verían afectados por la construcción.
La empresa estadounidense AES encargada de la construcción ya posee acuerdos firmados con 118 familias que prevé que sean reubicados en nuevas comunidades dentro del Bosque Protector Palo Seco o en comunidades fuera del bosque, en este último caso con títulos de propiedad. No obstante 45 familias denunciaron ante la CIDH porque no desean dejar sus territorios ancestrales. La presentación fue hecha en conjunto con la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), de Panamá, y Cultural Survival, de Estados Unidos.
Debe remarcarse que los pueblos originarios le otorgan una valoración al terreno que no tiene que ver únicamente con intereses sobre la explotación de los recursos naturales sino con una cosmovisión acerca del mundo y de la naturaleza.
En Argentina el debate fue generado a raíz de la sanción de la ley de bosques. Una de las provincias más acusadas de dañar los bosques nativos fue Salta. El 7 de julio pasado anunció la culminación del ordenamiento territorial de sus bosques nativos, lo que conservará el 80 % de estos bosques. Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo salteño reglamentó la ley provincial 7.543, aprobada en diciembre último, que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia de Salta fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas. La superficie históricamente deforestada en la Provincia asciende a dos millones de hectáreas, siendo una de las provincias con mayores niveles de deforestación.
Luego de un amparo presentado por varias comunidades indígenas y campesinas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los permisos para las actividades de tala y desmonte en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria hasta tanto la Provincia realice un estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y finalice el Ordenamiento Territorial que establece la Ley de Bosques, lo que significa un gran avance en materia ambiental.