En junio de 2006 la nueva Constitución tucumana estableció el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para la selección de los candidatos a jueces. La Carta Magna estableció que era el Poder Ejecutivo quien “reglamentará la creación y funcionamiento” del CAM.
Ese punto generó críticos sobre la integración del cuerpo ya que el Gobierno podría llegar a determinar una composición favorable. Así el Colegio de Abogados de Tucumán presentó una demanda que fue aceptada en todas las instancias, hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la reforma.
El cimbronazo judicial hizo que el Gobierno propusiera una ley de selección de jueces provisoria hasta tanto se solucionara el conflicto por la CAM. Sin embargo, esa ley, que llegó a ser reglamentada, también rebotó en la Justicia porque proponía prácticamente un sistema de elección “a dedo”.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sostuvo que el régimen propuesto “no establece aparentemente ninguna regla selectiva o parámetro de valoración objetiva o pauta comparativa de antecedentes” y lo calificó como “procedimiento de designación discrecional sin selección previa”.
La nueva negativa judicial genera que hoy no haya un organismo que seleccione jueces lo que genera el aumento de juzgados vacantes. Fuentes judiciales le dijeron a Diariojudicial.com que hay 40 cargos de jueces vacantes que son cubiertos por magistrados titulares de otros tribunales del mismo fuero elegidos por la Corte Suprema.
Esta situación afecta tanto a las Cámaras como a los juzgados de primera instancia. En el primero de los casos, el Máximo Tribunal dispuso una redistribución de jueces en las Cámaras Laboral y la Contencioso Administrativo que obligó a limitar la cantidad de causas que puede tratar cada magistrado por mes ya que todos ocupan dos salas de los tribunales.
En los últimos días, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, impulsor de la reforma polémica, abrió una luz para tratar de zanjar el conflicto. El Poder Ejecutivo está analizando la posibilidad que la CAM quede integrada por dos jueces, tres legisladores (dos por la mayoría parlamentaria y uno por la minoría) y un abogado.