El sinceramiento llegó durante una audiencia pública que se realizó este martes, convocada por el STJ para discutir la emergencia carcelaria en la Provincia tras una serie de medidas que ordenó al Gobierno realizar y que no se llevaron a cabo. Las respuestas no dejaron conformes a los jueces del Máximo Tribunal que advirtieron que no hay planes concretos en el mediano plazo.
Los funcionarios del Gobierno que estuvieron presentes fueron el ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde, la subsecretaria de Obras Públicas, María Elena Villarroel, el jefe del Servicio Penitenciario, Miguel Angel Domínguez, entre otros. También estuvieron el fiscal General del Poder Judicial, César Sotelo, el fiscal Adjunto, Horacio Semhan, jueces de menores y de ejecución de condena e integrantes de la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de Corrientes. Además, participó como “Amicus Curiae” (amigos del tribunal) la Red Provincial de Derechos Humanos.
Villarroel sostuvo que las mejoras realizadas “parecían pocas y lo eran”. Los funcionarios explicaron que hay contratos firmados para mejorar el tendido de la instalación eléctrica en la Unidad N°1, una de las intimaciones del STJ, y la ampliación de uno de los pabellones del Hospital de Salud mental. También se debe aprobar una licitación privada para la construcción de un pabellón adicional en el Penal N° 1.
Sin embargo, los funcionarios descartaron la construcción de una nueva cárcel con financiamiento nacional que iba a ser levantada en la ciudad de Paso de los Libres. Afirmaron que existen problemas financieros para avanzar sobre ese punto y otros que lleven a la mejora de la situación carcelaria.
“De las exposiciones vertidas por los funcionarios no surgió que existieran planes que, en lo inmediato, den solución a la emergencia que en materia carcelaria afronta la provincia, por lo que, el Superior Tribunal de Justicia evaluará y oportunamente resolverá lo que corresponda conforme a lo actuado en el expediente administrativo y en la audiencia pública”, sostuvieron los jueces del Máximo Tribunal Eduardo Farizano, Carlos Rubín, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Niz a través de un comunicado.
La Red Provincial de Derechos Humanos presentó un documento en el que denunció que en las cárceles los presos duermen en el piso, los pasillos, debajo de escaleras, que hay precariedad en las instalaciones eléctricas y sanitarias, e irracionalidad en la administración de los recursos económicos. Por todo eso reclamaron una solución global.
La audiencia se convocó luego que el Gobierno desoyera las intimaciones que el STJ le había hecho para mejorar la calidad de vida en las cárceles. El Máximo Tribunal analizó los informes que el Poder Ejecutivo le envió sobre las reformas realizadas pero entendió que se trataba de trabajos de “escasa significación”.
“En definitiva, se advierte un desinterés y poca disposición de solucionar los problemas apuntados, pretendiendo que con un informe insuficiente el Superior Tribunal se dé por satisfecho”, habían dicho los ministros a principio de junio.