El estado de las cárceles en el país sigue siendo un tema que inquieta en la agenda de las distintas agencias del Estado y dos provincias han dado cuenta de ello recientemente: por un lado, Mendoza le exigirá a la justicia la entrega de informes periódicos sobre la situación de los internos, y por otro, Córdoba estudia la construcción de un nuevo penal luego de que su gobernador decretara la emergencia carcelaria.
En Mendoza, los diputados aprobaron un proyecto por el cual la Suprema Corte de Justicia de la provincia deberá informar cada tres meses sobre distintos aspectos de la situación en las penitenciarías, entre ellos, el número de internos que se encuentran cumpliendo condena efectiva, los que están en período de prueba y los que se encuentran en libertad condicional.
Además, la medida, impulsada por el legislador radical Jorge Serrano, prevé que las autoridades judiciales remitan a las cámaras de diputados y senadores de la provincia los datos completos de los internos que recuperan su libertad, los informes en los que se basara para otorgar las mismas y el número de reincidencias.
En principio, la idea era exigir que el informe sea presentado mensualmente, pero finalmente se decidió llevar el plazo a tres meses. Mientras que sobre los objetivos de la disposición, originalmente el proyecto indicaba que estaba destinado a “otorgar más herramientas para resolver la crisis de seguridad, creando por ejemplo más y mejores canales de información entre con la justicia de la provincia, y las Cámaras Legislativas”.
Por su parte, en Córdoba, el Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria de la provincia, Raúl Pino, explicó ante la Comisión de Legislación General de la Legislatura los lineamientos del proyecto del Poder Ejecutivo que pretende, entre otros aspectos, ampliar la capacidad de plazas carcelarias con la construcción de nuevas dependencias penitenciarias, que implicarían una inversión aproximada de 110 millones de dólares.
Ante los diputados locales, el funcionario remarcó que el eje central de la política penitenciaria impulsada por el gobernador Jorge Schiaretti se basa en tres cuestiones: la infraestructura carcelaria con la construcción de nuevas unidades de detención, la capacitación y profesionalización del personal, y la reinserción social de los internos.
En marzo pasado, Schiaretti decretó la emergencia penitenciaria en Córdoba tras un motín protagonizado por varios internos de la penitenciaría del barrio San Martín, de la ciudad capital. Allí, el gobernador propuso la reorganización del sistema carcelario y expresó que, además de ampliar la infraestructura carcelaria, “mejorar el sistema implica también establecer programas de empleos, reinserción laboral y social a través de convenios con los ministerios de Industria, Comercio y Trabajo y de Desarrollo Social”.
Finalmente, hay que destacar que el titular de la Comisión de Legislación General de la Legislatura de Córdoba, Sergio Busso (UPC-FPV), invitó funcionarios y organismos de derechos humanos a un encuentro para debatir sobre la preocupación relativa a la preservación de la memoria de los edificios carcelarios.
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