Existen en el Poder Legislativo cinco proyectos con estado parlamentario que intentan derogar la Ley de Radiodifusión y de los cuales poco se conoce. Cuatro de ellos son de distintos diputados nacionales: Roy Cortina, Silvia Vázquez de Tavernisi, Horacio Alcuaz y Silvana Giudici y el quinto restante es de la senadora Sonia Escudero.
La primera diferencia notoria es el léxico, pues mientras todos los proyectos hablan acerca de un nuevo régimen de los “servicios de radiodifusión”; el del Gobierno consigna ello como los “servicios de comunicación audiovisual”. Entendiendo en este punto que “existe una realidad más abarcativa que la restringida emergente del concepto de radiodifusión”.
Uno de los puntos relevantes es la adjudicación de licencias. El proyecto del Ejecutivo, por ejemplo, establece la división en tercios, similar que el proyecto de Roy Cortina que asegura entre un 20 y un 30 porciento del espectro para la prestación de servicios de radiodifusión sociales-comunitarios.
La adjudicación de licencias y sobre todo la cantidad de años para ejercerlas varía en las iniciativas. Vázquez de Tavernisi propone 15 años para “las licencias de radiodifusión sonora con modulación en amplitud, de televisión abierta y de servicios de televisión multiseñal destinada a abonados” y de 10 “para los demás servicios”. El oficialismo adjudica las licencias por 10 años y permite prorrogarlas por 10 años más, previa realización de Audiencias Públicas.
Otro aspecto a debatir es la limitación a quienes pueden ser titulares de los servicios. En tal sentido, el proyecto de Giudici, limita a “funcionarios públicos -salvo los docentes-, legisladores nacionales, provinciales o municipales, integrantes de fuerzas de seguridad o militares en actividad, al momento del concurso de licencias o solicitud de registro”.
En cuanto autoridad de aplicación, se plantea de manera muy disímil en los proyectos. Roy Cortina crea un Consejo Federal de Servicios de Radiodifusión, “entidad autárquica dotada de personería jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa, económica y técnica e independencia funcional e institucional”. En cambio, Vázquez de Tavernisi propugna la creación de la Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conarte), dependiente del Poder Ejecutivo.
Por su parte, la iniciativa de Giudici crea el Ente Federal de Radiodifusión (EnFER), autoridad nacional de aplicación de la ley y organismo autárquico que funcionaría en la órbita del Poder Ejecutivo nacional, algo similar propone Escudero.
El proyecto girado al Congreso será tratado en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. Allí se cuenta con el quórum necesario para que se elabore un dictamen positivo y pueda tratarse en el recinto antes de fin de año.