Según los datos que maneja la Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT), que posee un programa denominado “tejiendo redes” que ya cuenta con 21 foros locales distribuidos por todo el país, “ha aumentado la trata en el país en un cincuenta por ciento”.
Fernando Mao, coordinador de la Red, contó este dato a Diariojudicial.com y explicó que existen principalmente dos formas de cooptación de personas. El “engaño” es la metodología más común en nuestro país y se centra en los grupos de riesgo a causa de la ausencia de políticas públicas y el “secuestro”, no tan común.
A casi un año y medio de la sanción de la ley que tipificó la trata como delito y estableció obligaciones al Gobierno para brindar asistencia a las víctimas, la norma todavía no está reglamentada aunque comenzó a utilizarse.
En este sentido, Viviana Caminos, co-coordinadora nacional en el área de Planificación de Programas de sensibilización capacitación y asistencia a víctimas de trata de RATT, manifestó que, la no reglamentación hace que solamente se “esté cumpliendo con algunas partes de la ley”. “Si uno le pregunta a los jueces federales dicen que lo que tenemos es asistencia a la victima sólo durante la denuncia”, preguntándose “¿y que hacemos después?”.
“Lo primero es la asistencia a las víctimas” dijo, e hizo hincapié en los tiempos de declaración, ya que en otros países tienen hasta un año para declarar. La complicación pasa porque las chicas “no se sienten víctimas porque las han convencido de que son cómplices”.
En diversas provincias del país se han implementaro medidas que pretenden “frenar” el delito de la trata, por ejemplo la prohibición de las whiskerías. “Somos un país abolicionista perseguimos al proxeneta” dijo Caminos y no dejó de recordar que “en la Argentina lo que están prohibidos son los prostíbulos” pues “donde hay prostitución hay trata”.
Exhibiendo de esta manera la complejidad de la cuestión se mostró gratificada con la resolución emitida días atrás por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, en donde se instruye a los fiscales para que soliciten “frente a la posibilidad de disponerse un allanamiento en tales lugares por parte del juez competente (…), la intervención de la agencia municipal del distrito a fin de concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación, de acuerdo a las ordenanzas y reglamentaciones municipales”.
También se impulsó a profundizar las investigaciones para “identificar y enjuiciar a los funcionarios o agentes que pudieran tener algún grado de participación en la comisión o encubrimiento de este tipo de conductas”. Lo que Caminos calificó como “muy importante” ya que “la corrupción se termina cuando hay condena a los corruptos”.
La Trata en el Congreso
Luego de la ley sancionada en el 2008, pocos son los proyectos que se presentan en referencia a la trata de personas o para modificar uno de los puntos más conflictivos de esa ley que solicitan las ong. Esto es, que la ley tiene en cuenta una diferenciación de mayoría de edad o no de las víctimas.
Semanas atrás, tal y como lo difundió este medio, la diputada Paula Cecilia Merchán, presentó en el Congreso un proyecto para crear un sistema sincronizado de denuncias a nivel nacional – al estilo del 911- para recibir denuncias anónimas sobre el delito de trata. Para ello se dispondría del número telefónico 915. El sistema estaría bajo la órbita de la Corte Suprema y los datos recabados estarían archivados por el lapso de cincuenta años.
Por otra parte, el 22 y 23 de septiembre, se llevó a cabo en el salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación el primer encuentro de ongs Contra la Trata de Personas. Del mismo participaron cerca de cincuenta y cinco representantes de Organismos de Estado y Sociedad Civil de MERCOSUR y países asociados. El objetivo del encuentro fue “acordar estrategias conjuntas entre el Estado y la Sociedad conforme una política con perspectiva de género y enfoque de derechos respecto a las víctimas de estos crímenes”.