La iniciativa, de noviembre último, aún permanece en comisión obstaculizada por un informe técnico no favorable de la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña. En diálogo con DiarioJudicial.com, la diputada del Pro señaló que probablemente desde ese organismo “no se entendió la competencia” pero remarcó que “es fundamental sacar la ley para prevenir y asistir a las víctimas”.
Desde la sanción de la ley en el Congreso el año pasado, la Trata de Personas pasó a ser un delito federal.
“Como Estado tenemos que dar una respuesta, proveer un lugar centralizado donde las víctimas puedan dirigirse porque en la actualidad asisten a la Secretaría de Derechos Humanos, a las ONG´s, pero tenemos que poner todo en un mismo lugar”, expresó Rodríguez Araya a este diario.
Consultada con respecto a la necesidad de implementar la Oficina por ley, la legisladora recalcó que el objetivo de la reglamentación mediante una norma “es que perdure en el tiempo” porque si fuera apenas un plan o un programa, “podría terminarse cuando finaliza una gestión”.
Según Rodríguez Araya, el proyecto de su autoría “cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques de la Legislatura”. Tiempo atrás, la legisladora Diana Maffía había insistido, ante la consulta de este diario, en la necesidad de adoptar un plan integral para combatir a la Trata.
En el informe que confeccionó el Departamento de estado norteamericano, Argentina se ubicó, junto con Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Argelia, Moldavia y Qatar, a un paso de la lista de los Estados que no toman medidas para detener el tráfico humano.
Se consideraron tres categorías para evaluar la acción de los países: la Nº 1 es para aquellos que cumplen en forma completa con el Acta de Protección de las Víctimas del Tráfico Humano (TVPA, por sus siglas en inglés) y la Nº 3 incluye a aquellas naciones que no sólo no tomaron las medidas adecuadas para detener la circulación del tráfico humano, sino que considera que sus gobiernos no hacen “esfuerzos significativos” para revertir esa tendencia.
Al presentar el informe, que monitorea la situación en 175 países, el Departamento de Estado advirtió que la crisis económica global incrementa el peligro del tráfico ilegal humano.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 12,3 millones de adultos y niños se emplean en trabajos forzados y esclavitud sexual en el mundo. Casi 1,4 millones de esas personas son víctimas de tráfico sexual.