En el proyecto se consigna que la oficina sería “un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera” cuya principal función radica en promover la ética y la transparencia en la gestión pública. Por lo que debe “prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por la Ley 24.759 y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley 26.097”.
Entre sus fundamentos, la propuesta consigna como necesaria la creación de este organismo pues, “el control de los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión de los programas y proyectos que realiza la Sindicatura bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, así como también, los controles que realiza la Auditoría en forma posterior, no son suficientes ni los más idóneos para prevenir e investigar los hechos de corrupción”.
Lo que fundamentan según datos brindados por el Cipce (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica), donde hay identificados alrededor de 800 casos de corrupción que superan cada uno los cien mil dólares y una lista de tres mil personas y dos mil quinientas empresas vinculadas a casos de corrupción.
La Oficina podrá recibir denuncias de particulares, funcionarios y empleados públicos, así como “investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito ó irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos”. Lo mismo sucede con respecto a las instituciones o asociaciones cuya principal fuente de recursos provenga del Estado, o los proveedores estatales.
Además, las designaciones de sus funcionarios serán por concurso público y la oficina deberá elevar un informe anual a la Legislatura, al Jefe de Gobierno, al Síndico, al Auditor y al Poder Judicial de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, de aprobarse la ley, está se regiría transitoriamente por la Ley Nacional 25788 de Ética en la Función Pública, y el Código de Ética en la Función Pública aprobado por Decreto 41/99 hasta que la Legislatura una ley en la materia.
Según fuentes consultadas por Diariojudcial.com, el proyecto fue presentado este jueves en la Legislatura de la Ciudad pese a que la Constitución de la Ciudad plantea que para la creación de entes autárquicos el proyecto debe ser presentado por iniciativa del Ejecutivo.