El inciso 5º del artículo 128, establece que “podrá indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la suprema corte sobre la oportunidad y conveniencia del indulto o conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse”.
Cassia propuso que no puedan acceder a ese beneficio aquellas personas que hubiesen sido condenadas por los delitos de homicidio, violaciones, o bien aquellos que sean reincidentes.
Además, para analizar cada caso en concreto debe existir un informe favorable del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, y como requisito no debe haber sanciones en los dos últimos años de cumplimiento de la condena. Incluso debe haber informe favorable del Organismo Técnico Criminológico, sobre el estudio médico, psicológico y social del condenado.
Una vez reunidos esos requisitos, el condenado solicitará por medio de representante legal su aplicación, lo que será evaluado por la Suprema Corte de Justicia, quien luego emitirá el informe motivado sobre la oportunidad y conveniencia del indulto o conmutación, y la última palabra la tendrá el Gobernador, quien resolverá si puede o no otorgarlo.
El presente proyecto de ley esta relacionado con la necesidad –según señaló en el proyecto-de determinar por vía legislativa sobre los casos y forma en que podrá solicitarse indulto o conmutación de penas contemplados en el art. 128º de la constitución provincial, que establece las atribuciones y deberes del gobernador de la provincia en su calidad de jefe del poder ejecutivo”.
“No se encuentran fijados claramente los casos y la forma en que se solicita este tipo de prerrogativas, al menos en el marco Legislativo por lo que por medio de la presente se propone salvar esta situación”, advirtió Cassia en su proyecto.