El 20 de octubre pasado, por unanimidad, la Corte ordenó por cuarta vez en 14 años la restitución de Sosa en sus funciones. Pero una semana después, tal como informó DiarioJudicial.com en su edición del martes 27 de octubre, Peralta y Espinosa interpusieron sendos recursos.
Con respecto a la situación de Espinosa, que en la actualidad ocupa el cargo de Sosa, la Corte había afirmado en su fallo que “el actual agente fiscal no puede tampoco invocar derechos adquiridos, ya que desde que asumió su cargo estaba planteado este el litigo”.
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, la Corte rechazó el pedido de aclaratoria pues sostuvo que el fallo del 20 de octubre fue “suficientemente claro”.
Los jueces supremos recordaron que las sentencias de la Corte “no son susceptibles de ser revisadas por vía del recurso de reconsideración, revocatoria o nulidad, excepto en el caso de situaciones serias e inequívocas que demuestren con claridad manifiesta el error que se pretende subsanar, supuesto que no se configura en esta causa”.
Así, los ministros le hicieron saber a Peralta que deberá cumplir con lo ordenado por la Corte dentro de los 30 días de notificada la resolución de este martes “bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal para que investigue la eventual comisión de un delito de acción pública”.
Sosa fue removido de su cargo en 1995 a raíz de una ley provincial que dividió su cargo en dos: por un lado, creó la figura del Defensor de Pobres y por el otro la del Agente Fiscal. La justicia falló a su favor en junio de 1998, abril del 2000 y octubre del 2001. Ninguna de esas resoluciones fueron acatadas por las autoridades provinciales.
Durante el trámite judicial Sosa rechazó recibir una indemnización de 1.200.000 pesos en concepto de daños y perjuicios.
La Procuración se encargará del expediente Telecom Argentina
En el acuerdo de este martes el Máximo Tribunal decidió enviar al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, una serie de fallos de Cámara que involucran a Telecom. Telecom Argentina cuenta con dos accionistas: la familia Werthein y Telecom Italia. Cada uno de ellos cuenta con el 50 por ciento de las acciones.
Tiempo atrás, Telecom Italia hizo público su deseo de comprar la mitad que corresponde a los Werthein, quienes advirtieron sobre la posibilidad de “monopolio” si se llevara a cabo esa operación.
Tanto Telecom Italia como los Werthein concretaron presentaciones judiciales. Los primeros ante la Cámara Civil y Comercial y los últimos ante el fuero Contencioso Administrativo. En ambas, las partes resultaron favorecidas por lo cual allegados a la Corte hablaron de la existencia de un “forum shopping” en ambas Cámaras.