Ello habla a las claras de las implicancias del caso y su estrecha vinculación con otros procesos iniciados en distintas provincias con funcionarios judiciales de igual o mayor jerarquía. “Si la Corte Suprema no tomase los recaudos para evitar esta situación, se podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado federal”, dijo el CELS.
El amicus curiae o “amigos del Tribunal” tiene el propósito de arrimar a la causa elementos de derecho que puedan enriquecer el debate y fortalecer la decisión del tribunal. De hecho, es una práctica que se viene desarrollando en nuestro país y que fue reglamentada especialmente por la Corte Suprema.
Sosa fue relevado del cargo en 1995, gracias a la sanción de la Ley 2.404, cuando en Santa Cruz se “desdobló el cargo” de Procurador ante el STJ para crear dos funciones diferentes: la de un Agente Fiscal y la del Defensor de Pobres. De esta forma, el funcionario se quedó sin cargo sin que haya mediado un Jury de Enjuiciamiento, aunque así lo exija la Constitución provincial.
Sosa no se quedó de brazos cruzados. Lejos de eso, entabló una demanda de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la norma, solicitando como medida cautelar la suspensión y la restitución en sus funciones.
Teniendo en cuenta la inamovilidad de los magistrados y funcionarios públicos, consagrada por la Constitución Nacional, la Suprema Corte dispuso –en 1998- la reposición de Sosa en el cargo hasta la resolución del pleito. Sin embargo, el Superior Tribunal santacruceño no acató el fallo argumentando que ya había sido eliminada del presupuesto la partida asignada para pagar su salario.
En 2001, por última vez, la Corte volvió a fallar a favor de Sosa. Tres años después, el funcionario recibió una oferta de la provincia para cobrar una indemnización de 1.200.000 de pesos, a cambio de la no restitución, pero Sosa rechazó la suculenta suma y persistió en su reclamo ante la Justicia, mediante un recurso de queja.
Preocupa la relación de los ejecutivos provinciales con sus respectivos poderes judiciales. Además de en Santa Cruz en muchas provincias, los jueces y fiscales están sufriendo el embate de los gobernadores: hay casos en Neuquén, Chaco, Misiones y la justicia de la ciudad de Buenos Aires.