Un proyecto de ley ingresado al Congreso pretende establecer un régimen de prevención, control y sanción de la violencia laboral. La iniciativa apunta principalmente a definir un marco jurídico para el denominado acoso psicológico o mobbing. TEXTO COMPLETO
Varios fallos elaborados por el furo del Trabajo, desde hace tiempo, han dado cuenta de la falta de legislación con respecto al denominado mobbing o acoso psicológico en el trabajo.
Un fallo publicado por DiarioJudicial.com en julio de este año, sostenía que “si bien el ‘acoso moral en el trabajo’ aún no se halla legislado como figura autónoma justificante del despido, no resulta ser menos cierto que ello puede constituir injuria en los términos del art. 242 L.C.T.”.
En aquella sentencia, los integrantes de la sala VII de la Cámara Laboral, Néstor Rodríguez Brunengo y Estela Milagros Ferreiros, modificaron una sentencia de grado en el marco de una causa en la que una a empleada que tras dar a luz a su hijo y volver luego a su puesto de trabajo, encontró que sus condiciones de trabajo habituales, previas al embarazo, se habían modificado.
Ante esta falta de legislación en el Congreso de la Nación se presentó este mes un proyecto que pretende establecer “un marco jurídico adecuado para prevenir, controlar, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia laboral”.
La iniciativa, impulsada por los diputados Julio Piumato y Osvaldo Argüello, entiende a la violencia laboral como “toda acción u omisión, llevada a cabo en el ámbito o con ocasión de relación laboral, ya sea en el ámbito público o privado, que denote la manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física y/o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o función, o degradar el ambiente de trabajo”.
La definición elaborada por los legisladores incluye, el acoso psicológico en el trabajo u hostigamiento laboral, el acoso sexual, la discriminación laboral y el maltrato físico.
En cuanto al acoso psicológico lo entiende como “toda aquella situación en la que una o varias personas, sean superiores jerárquicos o no, ejerzan violencia psicológica, en forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo, sea mediante comportamientos, palabras o actitudes, con el fin de degradar sus condiciones de trabajo, destruir sus redes de comunicación, perturbar el ejercicio de sus labores y/o conseguir su desmotivación laboral, causándoles alarma, perturbación, hostigamiento, miedo, intimidación, molestia o angustia capaz de poner en peligro su fuente de trabajo”.
En este sentido el proyecto enumera una gran cantidad de situaciones que se enmarcarían en este acoso. Como ser, entre otras, bloquear constantemente las iniciativas de interacción o comunicación del trabajador, generándole aislamiento; obligarlo a ejecutar tareas denigrantes para su dignidad personal o profesional o incluso juzgar públicamente de manera ofensiva, injusta y/o tendenciosa su desempeño en la organización.
Además se establece que en caso de que las situaciones de violencia laboral no subsanados en forma inmediata “darán lugar al trabajador para hacer denuncia del contrato de trabajo en los términos del art. 242 de la Ley 20.744 o de los estatutos especiales o convenios que lo rijan”. Las multas para quienes transgredan la ley serán equivalentes al valor de cinco a veinte salarios. Por su parte, en el ámbito público se considerará como “inconducta grave en el ejercicio de las funciones y causal de mal desempeño a los fines de la suspensión, del juicio político y/o jury de enjuiciamiento, o de la remoción de los respectivos funcionarios”.
La iniciativa fue presentada en las comisiones de Legislación del Trabajo, cuyo presidente es Héctor Recalde y la de Derechos Humanos y Garantías, que posee una renovación en su presidencia que pasó a manos de Victoria Donda.