Miceli pidió la nulidad de los elementos de prueba que en la causa habían obtenido el fiscal federal Guillermo Marijuán y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) ya que no pudo participar de la producción de las medidas, como declaraciones testimoniales, lo que consideró como una afectación al derecho de derecho.
Pero la Cámara avaló el trabajo de los acusadores y negó cualquier afectación de la defensa de Miceli. “La defensa ha contado en esta instrucción con amplias facultades para discutir la veracidad, entidad o valor probatorio de la información que surge de las evidencias reunidas”, sostuvo el tribunal. Y agregó que “no se observa que los extremos expuestos hayan significado una afectación para el derecho de defensa de Miceli ni ponerla ilegítimamente en una situación de desigualdad con las demás partes”.
Los camaristas explicaron que ley 24.946 faculta a la FIA “a requerir informes, realizar diligencias y recibir declaraciones testimoniales, así como a coadyuvar al fiscal del caso en la investigación de los delitos imputados a funcionarios públicos”. Y que el Código Procesal Penal habilita al fiscal llevar a delante la pesquisa, si se la delga el juez, por lo que puede citar testigos, realizar inspecciones y “disponer las medidas que estime necesarias en el ejercicio de sus funciones”.
“Ninguna de estas normas, que habilitan al órgano acusador a proceder del modo cuestionado por el recurrente, ha sido calificada de inconstitucional en este planteo”, resaltaron los camaristas.
Miceli tiene procesamiento confirmado de la Cámara Federal por el hallazgo en el baño de su despacho del Ministerio de Economía el 5 de junio de 2007 de un paquete termosellado que contenía 100.000 pesos y de una bolsa de papel madera con 31.670 dólares. La plata fue encontrada por personal de la División Explosivos de la Policía Federal que hacía una inspección de rutina.
Por el hecho la ministra renunció a su cargo y además de los procesamientos la jueza federal María Servini de Cubría ordenó abrir una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Con el pronunciamiento de la Cámara, Miceli quedó más cerca del juicio al que los magistrados hicieron referencia. “Será el debate oral, donde rigen con amplitud los principios de contradicción, inmediatez y continuidad, el ámbito más propicio para que el impugnante confronte y examine las declaraciones de los testigos que cuestiona por esta vía”, sostuvieron.
Así señalaron que “la esencia de la etapa instructoria reside justamente en la finalidad de recolectar los elementos que, eventualmente, den base a la acusación o requerimiento para la apertura del juicio público o, en caso contrario, determinen la clausura de la persecución penal”.