Al presentar la demanda ante la CIDH el 8 de mayo de 2006, Gelman y su nieta también se quejaron por “la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado” a todo el núcleo familiar “como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables en virtud” de la Ley de Caducidad (Nº 15.848).
Esa norma fue promulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay y sigue vigente al día de hoy pese a varios intentos de derogarla, incluidos dos plebiscitos: uno realizado en 1989 y el segundo en ocasión de las elecciones presidenciales de octubre del año pasado.
En un comunicado emitido este martes para anunciar el envío de la causa a la Corte IDH –que se concretó el 21 de enero-, la Comisión manifestó que la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman fue “cometida por agentes estatales uruguayos” y señaló que la mujer fue una de las tantas víctimas del “Plan Cóndor”.
El envío se concretó pues la Comisión determinó que el Estado uruguayo era responsable por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 50). Uruguay ratificó la Convención el 19 de abril de 1985.
Al formular la presentación, que contó con el patrocinio del abogado José Luís González y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gelman y su nieta alegaron que su petición cumplía todos los requisitos contenidos en el artículo 46 de la Convención, salvo el del previo agotamiento de los recursos internos.
En ese sentido, señalaron que no era posible cumplir ese requisito pues la Ley de Caducidad había cerrado toda posibilidad de investigación judicial de la mayoría de las violaciones de derechos que supuestamente cometieron las fuerzas militares y policiales durante el gobierno de facto de Uruguay, que finalizó el 1º de marzo de 1985.
“Pese al hecho de que el Presidente [saliente] Tabaré Vásquez permitió la investigación criminal de la desaparición de María Claudia Gelman, el Poder Judicial definitivamente denegó la protección judicial de los derechos de las víctimas el 19 de octubre de 2005”, manifestó el comunicado de la CIDH.