El Ministerio de Justicia de la Nación creó la "Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual" luego del decreto presidencial que prohibió los anuncios en prensa de papel e internet.
El Decreto 936/2011 prohíbe "los avisos que promuevan la oferta sexual" por "cualquier medio" de comunicación en todo el país, "con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres".
Ese decreto, anunciado el martes por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, también comprende también "todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas, resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades" vinculadas al comercio sexual.
Más tarde, desde el Ministerio de Justicia incluirían a la medida la prohibición de que los sitios web publiquen ofertas sexuales.
Desde esa misma cartera, que conduce Julio Alak, decidieron crear para tales fines la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, que estará a cargo del Ministerio, el Consejo Nacional de las Mujeres, del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, y la Agencia Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA).
El jueves pasado se llevó a cabo un encuentro entre los organismos que componen la Oficina en el que se fijaron los primeros lineamientos para la implementación de las políticas que se llevarán a cabo en conjunto para el monitoreo y sanción de los medios que infrinjan la nueva norma.
A su vez, se avanzó en el diseño de abordaje territorial, para la implementación de la misma, que involucrará a las organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros organismos de todo el país.
En el encuentro se destacó “la decisión adoptada por algunos matutinos nacionales, que, ante la publicación del Decreto adoptaron inmediatamente las medidas necesarias para excluir en la edición de hoy, los avisos que incurrían en la prohibición, demostrando responsabilidad social empresaria”.
En tanto, desde la Asociación Civil La Alameda, Lucas Yaer aseguró a DiarioJudicial.com que la medida tomada resulta positiva: “Es un primer paso en un largo camino”.
Pero a la vez se mostró escéptico: “En concreto, lo que necesitamos además de un decreto es que la lucha contra la trata de personas se convierta en una política de Estado. Los datos sobre esclavización en nuestro país son alarmantes, y si bien la norma luce muy bien, realmente no ataca al problema de fondo”.