Un juez tucumano fue separado de una causa de Derechos Humanos por sus dos compañeros del Tribunal por dar una nota a un diario dominical. La justificación fue que la decisión del magistrado de hablar en los medios denotó "parcialidad". El fiscal federal tucumano, Leopoldo Palma, se mostró en contra de esta medida.
José María Pérez Villalobo, miembro de un Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, iba a juzgar, junto a sus pares Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, a los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en una causa por delitos de lesa humanidad.
Pero Pérez Villalobo fue separado del proceso por sus compañeros de Tribunal. ¿La justificación? Lo consideraron “parcial”.
Es que en abril pasado, el magistrado hizo declaraciones al periódico Miradas al Sur en las que se explayó sobre el “buen trato” que recibía el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, sospechado de haber participado y colaborado, desde la provincia de Tucumán, con la última dictadura militar de Argentina.
Por eso, los acusados en el proceso, Menéndez y Videla, objetaron la participación de Pérez Villalobo en el juicio, hecho que derivó en la decisión de sus pares de apartarlo de la causa.
En tanto, los abogados de los genocidas precisaron que “el doctor Pérez Villalobos trasluce parcialidad y falta de objetividad en contra de los imputados en procesos de lesa humanidad. Hay manifestaciones públicas del magistrado respecto de su posición ideológica, que dan cuenta de parcialidad contra sus defendidos”.
Asimismo, brindaron otros argumentos: “Tuvo participación en la marcha por la Memoria desarrollada en la ciudad de Córdoba el 24 de marzo de 2009; en la fórmula del juramento que empleara, que incluyó la expresión ‘por la memoria de los caídos en Trelew’, al momento de asumir el cargo de Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba”.
A su vez, las declaraciones de Pérez Villalobo fueron que “tanto el ex juez Manlio Martínez, como la ex actuaria Donatila Rosa Carabajal, tuvieron conocimiento desde el primer día de la existencia de supuestos enfrentamientos, de la existencia de cadáveres pertenecientes a civiles abatidos, de los nombres de los mismos, de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ni el señor juez ni el señor fiscal de ese entonces tomaron medidas tendientes a identificar los cuerpos ni ordenaron efectuar autopsias ni identificaron al personal militar interviniente”.
Agregó que “esas omisiones funcionales tenían el claro propósito de encubrir el accionar delictuoso de las fuerzas del orden. El Poder Judicial es el único poder del Estado que no hizo su autocrítica reflexiva”.
A la polémica suscitada por el apartamiento de la causa de Pérez Villalobo, el fiscal Federal de Tucumán, Leopoldo Palma, precisó que “los planteos de la defensa son insostenibles” y los calificó de “comentarios de pasillo”.
Al respecto sentenció que los argumentos “se limitan, en su primera presentación, a repetir rumores de pasillos sin ningún medio probatorio que avale sus dichos. Estos argumentos ya habían sido planteados por otros imputados y oportunamente desestimados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba, al intentar el apartamiento de este juez en la causa de la Unidad Penitenciaria N°1 de Córdoba”.
“Por otra parte, las defensas dicen en su primera presentación que el juez manifestó públicamente su postura ideológica; que ha participado en una marcha de la memoria conmemorativa del 24 de marzo; por el contenido de su juramento al asumir el cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba; y el tenor da las preguntas a los testigos en el marco del debate”, finalizó Palma.
La Cámara Nacional de Casación deberá precisar si el apartamiento de la causa de Pérez Villalobo queda firme.