Luego de la denuncia de una ONG contra el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni por el ejercicio de la prostitución en sus departamentos, hubo pedidos de renuncia y de juicio político desde la oposición. Sus allegados aseveraron que "de ninguna manera va a renunciar". Recibió apoyos de la Asociación de Profesores de Derecho Penal y del ex presidente del CPACF, Jorge Rizzo.
Por su parte, la candidata presidencial por la Coalición Cívica, Elisa Carrió sostuvo que Zaffaroni, "debe ser sometido a juicio político", aunque declinó extenderse sobre el tema por la proximidad con las elecciones primarias. “Pedimos que vaya a comisión pero hace un mes y medio, no una semana antes. No me parece republicano instalar este tema en campaña electoral”, afirmó. “Hay que preservar la Corte y hay que enjuiciar políticamente a Zaffaroni por muchas razones, pero no hay que hacer campañas políticas porque mucho nos costó tener una nueva Corte para tirarla por la borda una semana antes de las elecciones”."Cómo va a renunciar si esto es parte de una campaña política."
Así se manifestaron este martes, en declaraciones a los medios, allegados al ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. Es que el magistrado fue denunciado por la ONG La Alameda debido a que seis departamentos de su propiedad, que tenía alquilados, funcionaban como prostíbulos.
"Esto se da en el marco de la campaña política, y el conflicto que tiene el Gobierno tiene con terceros salta a través de otros eslabones. Como decía (el ex presidente Juan Domingo) Perón, ´tocan a mis colaboradores porque no me pueden tocar a mí´", aseguraron los allegados.
Agregaron también que Zaffaroni "no es un colaborador del Gobierno, pero está claro que es una referencia política en varios aspectos identificada" con la gestión de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Finalmente señalaron que si bien la situación que atraviesa actualmente el juez Zaffaroni por la denuncia de La Alameda "es un problema", los requisitos "formales los tomaba la inmobiliaria", por lo que la responsabilidad del magistrado se vería reducida.
Ricardo Alfonsín, candidato presidencial por Udeso, precisó este martes en declaraciones a distintos medios que el ministro de la Corte Suprema de la Nación debería renunciar a su cargo. "Frente al papelón, para no hacerle daño a la Justicia, aunque no hubiera delito debería renunciar. Es difícil creer que el titular de seis departamentos no sepa cuál es el destino que se le da a los departamentos que alquila", sostuvo Alfonsín.
Pero no fue el único en despotricar contra el magistrado. El abogado Ricardo Monner Sans aseveró que "se tiene que ir ya. Sin esperar que se le juzgue: integra un organismo que, aunque a ratos desobedecido, es de lo poco que queda con prestigio institucional en el país. Cuando se le convocó, era tal el descrédito de la corte menemista, que hasta se optó por el silencio respecto de más de un tema”.
Agregó también que es un "juez designado por el Proceso Militar, es decir, debió jurar por el "orden" impuesto por el poder militar. Por aquel tiempo dejó usted de ser juez federal para pasar al fuero penal ordinario. Reconoció en octubre de 2003 ante el Senado de la Nación, que evadía cargas fiscales. La simpatía por su innegable saber y la urgencia de los K para armar algo que disimulara los pocos votos obtenidos por detrás de Carlos Saúl Menem, convocó a más silencio”.
En tanto, el diputado nacional Iván Tunessi se sumó a las declaraciones de su correligionario radical Alfonsín aseverando que Zaffaroni "debe renunciar a su cargo. Como hombre público, debe someterse a las explicaciones necesarias, ya que atribuirle todo a una campaña sucia en su nombre no alcanza. Todos pueden ser objeto de campañas, pero quien ocupa un cargo de semejante envergadura no puede sustraerse a la obligación de brindar explicaciones mas coherentes".
Agregó también que "si sus propiedades son utilizadas para el ejercicio de una actividad prohibida o delictiva, debería estar en mínimo conocimiento y suena muy raro que nunca haya escuchado las reiteradas quejas de vecinos y moradores de los edificios donde se ubican los departamentos y se ejercía la prostitución".
"Vamos a esperar a que Zaffaroni brinde una explicación razonable, de lo contrario vamos a acompañar el pedido de citación al Congreso y evaluaremos si su conducta colisiona o no con el alto magisterio que ejerce en la actualidad", concluyó Tunessi.
Por su parte, la candidata presidencial por la Coalición Cívica, Elisa Carrió sostuvo que Zaffaroni, "debe ser sometido a juicio político", aunque declinó extenderse sobre el tema por la proximidad con las elecciones primarias. “Pedimos que vaya a comisión pero hace un mes y medio, no una semana antes. No me parece republicano instalar este tema en campaña electoral”, afirmó. “Hay que preservar la Corte y hay que enjuiciar políticamente a Zaffaroni por muchas razones, pero no hay que hacer campañas políticas porque mucho nos costó tener una nueva Corte para tirarla por la borda una semana antes de las elecciones”.
En medio del revuelo que provocó la denuncia de La Alameda, la Corte Suprema y el Gobierno Nacional firmarán este miércoles un convenio de cooperación para prevenir y combatir el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Los firmantes serán el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; la vice, Elena Highton de Nolasco; la jueza Carmen Argibay; la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el ministro de Justicia, Julio Alak, según informaron fuentes del máximo Tribunal.
El objetivo de la iniciativa es "aunar esfuerzos para prevenir e investigar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual" y "concretar tareas que contribuyan a desarrollar la formación, capacitación y sensibilización sobre la perspectiva de género para la prevención e investigación de ese delito".