Un grupo de letrados encargados asesorar a personas que necesitan de un defensor público gratuiro, reclaman a la Justicia de Madrid que se le paguen los honorarios atrasados. Según estimaron desde los Colegios de Madrid y Alcalá, la deuda asciende a 20 millones de euros.
Al servicio del público, los abogados españoles de los colegios de Alcalá y Madrid no registran un pago de honorarios desde enero de este año. Es por eso que en marzo decidieron movilizarse en reclamo del pago adeudado y estos días realizan una huelga de actividades que paraliza la atención a sectores
Estas protestas generaron algunos inconvenientes en Madrid, capital de España. Es que los Juzgados Especiales de Violencia de Género de cuatro jurisdicciones madrileñas -Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Coslada- no pueden dictar medidas de protección contra los denunciados por malos tratos debido a que los Colegios se niegan a nombrar abogados de oficio.
La polémica suscitada por la manifestación de los abogados desencadenó en los reclamos de parte de los tribunales. El Juzgado de Violencia de Torrejón de Ardos, que trabaja en torno a 100.000 habitantes, remitió un oficio al Colegio de Alcalá para que brinde explicaciones acerca de por qué no designó a ningún abogado de oficio a hombres denunciados por sus esposas.
En los Juzgados de las distintas jurisdicciones madrileñas se mostraron indignados por la movilización y la consecuente paralización de la actividad en términos de violencia de género.
Fuentes judiciales aseguraron que en lo que va de 2011 ya tuvieron más de 1.600 denuncias por maltrato hacia mujeres y en el 70% de los casos se dictaron medidas cautelares. "No se puede imponer una orden de alejamiento sin interrogar antes al denunciado, y no podemos interrogar al denunciado si no viene asistido de abogado", precisaron los funcionarios.
"Y la práctica indica que al 90% de los denunciados hay que ponerles abogado de oficio porque no tienen recursos.”
En tanto, la posición que han tomado desde los Colegios de Abogados en agosto es seguir prestando asistencia a las víctimas y sus agresores si están detenidos, pero no a los que solo figuren como denunciados.
Consuelo Abril, abogada de familia y miembro de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, precisó que "una vez más, están pasando a un segundo plano los temas de protección de las mujeres que, en realidad, deben considerarse tan importantes como un asunto sanitario urgente”.
“Tiene que haber un retén de abogados para los casos de urgencia, pero esto no puede ser a costa de letrados mal pagados o, peor, impagados. No es responsabilidad de estos abogados porque no son héroes, no pueden trabajar gratis", sostuvo la letrada.
"Si por estas suspensiones hubiera algún caso con resultado de muerte, la responsabilidad civil subsidiaria sería del Estado, por una parte, y por otra de la Comunidad de Madrid, que es la responsable de no atender y no dar protección a esa víctima", explicó la abogada, remarcando la gravedad de la situación.