En Río Negro, funcionarios provinciales y nacionales firmaron un acta de acuerdo y cooperación para que se pueda implementar allí también el Registro Nacional de Sociedades, una iniciativa de IGJ a la que ya se adhirieron nueve provincias.
La Ley 26.047 estableció los principales lineamientos para crear el Registro Nacional de Sociedades, un elemento que permite “contar con una herramienta para mejorar la seguridad jurídica, prevenir fraudes, evitar homonimias, y luchar contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”. En este sentido, es la Inspección General de Justicia quien se encarga de llevar adelante las gestiones para que el proyecto siga creciendo.
Así es que en orden a engrosar el listado de provincias incluidas en el Registro, llegó el turno de Río Negro, en donde autoridades del gobierno provincial y del Ejecutivo nacional firmaron un acta de acuerdo y cooperación para poder llevar a cabo la implementación de la medida regulada por IGJ con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La medida fue avalada por Marcelo Mamberti, titular de la IGJ, Hugo Lastra, ministro de Gobierno provincial, Oscar Martini, secretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gastón Coumeig, secretario de Gobierno de la Provincia de Río Negro y Silvina Martínez, directora del Registro Nacional de Sociedades.
El encuentro fue llevado a cabo en Bariloche, donde Omar Goye, intendente de la ciudad, recibió a los funcionarios junto a la presidente del Concejo Deliberante, María Eugenia Martini.
Si bien los legisladores rionegrinos ya habían adherido a las disposiciones de la Ley nacional 26.047 en junio del año pasado. Por eso, a los fines de realizar una correcta implementación de la normativa, la IGJ realizó un relevamiento técnico para establecer cuáles son las necesidades a nivel operativo e informático de la provincia, buscando asimismo mejorar el aprovechamiento de los recursos con los que ya cuenta el Estado.
"La implementación del Registro Nacional es un proyecto largamente anhelado, y para lograr su concreción necesitamos de la colaboración de los registros públicos y organismos provinciales competentes", opinaron los funcionarios de la IGJ.
Con el Registro, los funcionarios buscan mejorar la seguridad jurídica a través del servicio que brinda el poder trabajar con una red que conecta, y pone a disposición de todas las provincias integrantes, la información correspondiente a las sociedades. A su vez, desde la IGJ aseguran que de esta forma se contribuye en ciertos aspectos económicos sin afectar las autonomías y derechos federales.
También aclararon que con esta iniciativa se pueden lograr acciones más rápidas y eficaces a la hora de impedir que las sociedades operen con personas jurídicas ilegítimas.