El martes de la semana pasada, la juez María Servini de Cubría indagó sorpresivamente a De la Rúa, pero sólo sobre la legalidad o no de las 29 detenciones que se incluyeron en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1682/01. El mismo día los fiscales adelantaron que no estaban conformes con esa declaración y ahora le reclamaron a Servini que indague al ex presidente también por su presunta responsabilidad en las cinco muertes de manifestantes a manos de la Policía Federal y por las más de 100 personas que fueron detenidas y nunca estuvieron a disposición del P.E.N ni de un juez competente.
Sobre la declaración de la semana pasada, los fiscales advierten que fue “sorpresiva e improvisada”, lo que “ha impedido a este Ministerio Público Fiscal aclarar los numerosos puntos oscuros que reviste la actuación” de De la Rúa en los hechos que se investigan. Además, calificaron de “escueta y difusa” la imputación de Servini y remarcan que el descargo presentado por el ex presidente –un escrito de seis carillas donde sugiere que hubo una conspiración para derrocarlo- “se explaya sobre cuestiones que exceden el restringido marco de la imputación concreta”, que le planteó la juez.
Por eso, los fiscales piden que De la Rúa vuelva a defenderse, y sobre estos puntos:
- El centenar de detenidos por la Policía que no fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo ni de la Justicia. Los fiscales destacan que varias permanecieron detenidas en dependencias policiales “hasta el 21 de diciembre, sin que el Poder Ejecutivo Nacional haya dado razones valederas para ello, puesto que nunca se pudo averiguar si dichas personas fueron detenidas por considerarse que las mismas guardaban relación con los motivos” por los cuales se dispuso el estado de sitio en todo el país.
- Dilucidar si De la Rúa sabía o no de “la existencia de informaciones” sobre “grupos organizados que tenían como intención ingresar a la casa de Gobierno o al Congreso Nacional”. Para los fiscales, esto es de “vital importancia”, porque fue el argumento utilizado por otros indagados (como el ex jefe policial Rubén Santos y el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, ambos detenidos), para comenzar el operativo policial que luego derivó en sangrienta represión.
- Conocer “el alcance del conocimiento” que tenía De la Rúa sobre la situación en el centro porteño. Para los fiscales, el escrito presentado por el ex presidente es “confuso” porque aunque alega que no había “confirmación oficial” sobre la existencia de heridos y muertos por otro lado sí confirma que había “noticias televisivas” sobre el alcance de los hechos. Por eso, Evers y Comparatore quieren saber cómo puede ser que el ex presidente no recibió ni un solo parte de inteligencia de sus colaboradores. Este no es un punto menor, porque van en la línea de lo planteado por la fiscalía sobre la “responsabilidad por omisión” que le cabría a los funcionarios que podrían haber detenido la represión y no lo hicieron (entre ellos, claro, el ex secretario Mathov y el propio De la Rúa).
Además, los fiscales postulan que los imputados deberían estar dispuestos a contestar sobre detalles que “puedan ir más allá de la imputación penal concreta que se les dirija”. En franca busca de la paradoja, se apoyan en esta afirmación en los dichos del propio De la Rúa, quien en su presentación por escrito asegura que la investigación que encabeza Servini “tiene gran importancia” para “determinar la verdad histórica”.
Al conocer el pedido fiscal, uno de los abogados defensores de De la Rúa, Zenón Cevallos, indicó a Diariojudicial.com que “si la lógica sigue imperando” el pedido de ampliación de indagatoria “no va a tener mayor destino”. Y remarcó que en el auto de procesamiento de Mathov, la juez Servini “dice explícitamente que el doctor De la Rúa, según la constancia del expediente, no tenía ningún conocimiento”, de los sucesos en la plaza y alrededores.
Además, adelantó que esperan que la juez adopte “un criterio liberatorio” para con De la Rúa, cuando resuelva su situación procesal, en los próximos días. “El doctor De la Rúa ha abastecido al Tribunal de todas las explicaciones suficientes”, concluyó.
Los fiscales también reiteraron el pedido de indagatoria del ex ministro de Interior, Ramón Mestre, porque –aseguran- hay “elementos por demás contundentes” como para considerar al ex funcionario “sospechoso de haber tenido alguna responsabilidad penal” en los hechos que precipitaron el fin de la administración aliancista.
Para esto, los fiscales se vuelven a basar en dichos de De la Rúa, en especial cuando en su indagatoria señala que Mestre fue el encargado de poner en práctica un “operativo de prevención” en la Plaza de Mayo, y que luego le informó “varias veces” sobre la marcha de los acontecimientos. Para Evers y Comparatore, los dichos del ex presidente son un “elemento de convicción” que muestra “la competencia del Ministerio del Interior” en los tema de seguridad.