Ante la juez De la Rúa defendió la “absoluta juridicidad “ de las decisiones adoptadas por su gobierno, incluyendo la declaración del Estado de Sitio y el decreto por el cual quedaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 29 personas detenidas.
El ex presidente respondió cada una de las preguntas que se le formularon, y en ese marco reconoció a esas 29 personas detenidas a disposición del juez Roberto Grispo como las únicas de las que tomó conocimiento, según pudo saber Diariojudicial.com de fuentes judiciales confiables.
Acompañado por los abogados defensores, Zenón Cevallos y Miguel Angel Almeyra, De la Rúa presentó un escrito de seis carillas en las que reivindicó su facultad “constitucional” como presidente de la Nación de decretar el estado de Sitio, y aseguró haberse enterado de los cinco muertos durante los disturbios recién en horas de la noche del 20, cuando fue notificado mediante oficio por la juez Servini de Cubría.
Aunque permaneció en el despacho del secretario Fernando Moras Mon algo menos de dos horas, fuentes que participaron del acto confirmaron a este medio que “la indagatoria en sí duró un poco más de media hora”, en la que De la Rúa contestó una decena de preguntas, la mayoría formuladas por el juzgado.
Además, los abogados defensores del ex presidente objetaron buena parte de las preguntas formuladas por los fiscales Comparatore y Evers, en especial las referidas al conocimiento que el ex presidente podía o no tener sobre las muertes que se produjeron en el centro porteño.
De la Rúa negó toda responsabilidad en la represión y en ese sentido dijo haberse enterado por su ex Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, quien le aseguró a media tarde que la situación era “tensa pero calma” y que al preguntarle si había muertos le dijo que “no”, de acuerdo con la información que le había suministrado la policía.
También trascendió que el escrito que presentó De la Rúa tiene una “alta carga política”, tal como lo definieron fuentes de la defensa. En las seis carillas, De la Rúa detalla informaciones que recibió “después” de abandonar el gobierno, donde se asegura que durante el día 20 se “trasladó gente en camiones y micros” desde el Gran Buenos Aires. De esta forma, el ex presidente sugirió que hubo un plan para derrocarlo, aunque, confirmaron las fuentes, las referencias fueron elípticas.
La historia de la sorpresiva declaración de Fernando De la Rúa comenzó por la mañana, cuando los abogados de el ex presidente presentaron un escrito a la juez Servini avisando que el ex presidente “estaba listo” para una eventual declaración indagatoria. La juez les contestó que estaba lista para indagarlo “hoy mismo” y lo citó para las tres de la tarde en su oficina del Palacio de Tribunales.
La noticia trascendió poco después, cuando los fiscales fueron notificados de la sorpresiva indagatoria y –con indisimulado enojo- presentaron por escrito un pedido de prórroga del acto. En el escrito de dos carillas, cuya difusión obligó a la juez a cambiar el escenario de la indagatoria, el fiscal Comparatore dijo que le llamaba “poderosamente la atención” la celeridad con que se resolvió la diligencia y expresó su disgusto por haber sido notificado tan solo “cincuenta minutos antes”, lo que no le permitía “elaborar el interrogatorio respectivo”.
Además, dejó sentado que, a su entender, primero debía haberse escuchado al ex ministro del Interior Ramón Mestre “puesto que la secuencia de indagatorias comenzó en los primeros días del mes de enero desde la plana policial hasta la política, de menor a mayor jerarquía funcional”.
Las chispas entre el juzgado y la fiscalía incluyeron ríspidos cruces telefónicos, y el mal clima creció cuando los fiscales llegaron a Talcahuano y se encontraron con que la audiencia se realizaría finalmente en el lugar de donde habían salido media hora antes: los tribunales de Comodoro Py.
“La realización en este lugar (el palacio de Tribunales) esta fuera de contexto”, dijo Comparatore, a periodistas en la escalinata de la calle Talcahuano; adelantó que De la Rúa “podría quedar detenido, pero no creo” y abundo al sostener que no lo creía “por los elementos que hay en el expediente”, y no porque ”en la indagatoria haya elementos que cambien sustancialmente algo”, remarcó.
El motivo del sorpresivo cambio de lugar habría estado motivado en el enojo de la juez que vio rodeado el Palacio de los Tribunales de decenas de periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos. “La audiencia se suspendió”, dijo la magistrada a un grupo de periodistas, pero luego creció el rumor de que el acto había sido postergado al nuevo destino, mucho más lógico y natural.
Así, el rumor fue tomando cuerpo cuando los tribunales federales comenzaron a poblarse de policías de civil y uniforme, que impidieron el paso de la prensa al tercer piso y acordonaron todo el frente del edificio. Mientras tanto, De la Rúa ya había emprendido viaje a Buenos Aires desde su quinta en Villa Rosa, partido de Pilar, un lugar que no abandonó desde que dejó el gobierno, hace 72 días. Acompañado por uno de sus abogados, Virgilio Loiácono. En el tercer piso de los tribunales federales lo esperaba otro de sus defensores, Zenón Cevallos.
Finalmente, las dudas terminaron de develarse cuando De la Rúa llegó a Comodoro Py exactamente a las cuatro de la tarde, en el asiento trasero de un Peugeot 605 azul con vidrios polarizados que ingresó por la entrada que habitualmente se utiliza para el traslado de los presos de la AMIA y se detuvo en el subsuelo.
El auto del ex presidente, semejante a los que utilizaba cuando estaba en el gobierno, llegó custodiado de cerca por otro, de color gris, ocupado por cuatro custodios de civil e intercomunicadores portátiles. Toda la comitiva ocupó dos ascensores que los esperaban en el subsuelo y que subieron sin escalas al tercer piso, controlados por policías de uniforme.
El operativo incluyó un cordón policial frente al edificio, y un refuerzo en las salidas de automotores proporcionada por la efectivos de la guardia de infantería. El celo policial hizo que los periodistas quedaran prácticamente confinados a la sala de prensa, en la planta baja y al auditorio desde donde se sigue el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA.