La Cámara del Crimen resolvió que la investigación con respecto al sitio Cuevana continúe en la Justicia Federal de Córdoba, lugar en donde se radicó la primera denuncia el año pasado. Consecuencia de esto, en otra resolución, se rechazó una medida cautelar que solicitaba impedir el acceso al sitio.
La sala V de la Cámara del Crimen, con las firmas de Rodolfo Pociello Argerich, María Garrigós de Rébori y Mirta López González, resolvió que la investigación penal que se lleva adelante en el juzgado de Instrucción N° 36 contra los responsables del sitio web Cuevana por violación a la Ley de Propiedad intelectual deba continuar en la Justicia Federal de Córdoba.
La resolución se dio en el marco de la causa “Escobar Tomás y otros s/ infracción ley 1.723” donde la Cámara confirmó una decisión de la jueza de instrucción, Guillermina Martínez, que se declinó su competencia en la causa a favor del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba.
El abogado de HBO Ole Partners apeló la decisión declinatoria de la juez de instrucción y a su vez pidió ser incorporada en la causa como querellante. Los primero fue rechazado por los camaristas aunque sí se incorporó como querellante a HBO Ole Partners en la causa que ahora se mudará a Córdoba.
En otra resolución los camaristas no hicieron lugar a la medida cautelar de impedir el acceso al sitio ya que consideraron que “el derecho que solicitó e invocó la parte debe ser resuelto por el juez competente”, o sea, la Justicia cordobesa.
En cuanto al envió de la causa a Córdoba, los camaristas consideraron “correcta” la declinatoria del magistrado de instrucción ya que “nos encontramos ante un posible delito que habría sido cometido a través de internet” lo que “impide determinar de manera tradicional y ordinaria cuál ha sido su lugar de comisión”.
“Su consumación o realización puede materializarse en cualquier lugar del país e incluso fuera de este en forma simultánea”, consignan los jueces. Lo que los lleva a concluir que “dirimir la competencia en base al ‘principio de territorialidad’ aparece sin lugar a dudas imposible”.
Por ello, además de que los jueces consideraron insuficiente domicilio del imputado para fijar la competencia, decidieron mandar la causa a la Justicia Federal de Córdoba por ser la que “previno”, o sea el primer juez que actuó en el expediente. Es decir, el tribunal donde recayó la primera denuncia contra el sitio web.
La primera denuncia se formuló en Córdoba porque la empresa Dattatec S.R.L. informó que allí estaba el domicilio denunciado por Tomás Escobar, en tanto que unos meses después se informó sobre Jasplex S.A. de Buenos Aires, que encomendó la compra del dominio a Dattatec.
Por eso la querella pretendía que la causa siguiera en la Capital, pero los jueces sostuvieron que “sólo se ha comprado el dominio ‘cuevana.tv’, sin ser esta, per se, una actividad delictual” ya que “adquirirlo no implica que sea ella la administradora del sitio web” o quien realiza el “uplouding” y el “streaming” (subir y ver los videos on line). Además de enviar la causa a Córdoba, los magistrados aceptaron a HBO Ole Partners como parte querellante.
Fuentes especializadas consultadas por este diario explicaron que “en la decisión no se computa el grado de avance de la investigación realizada en Buenos Aires” y “se convalida el criterio originario de que sea la Justicia Federal la que investigue, algo que se encuentra basado en la Ley de Marcas”.
La causa se inició por la presentación de las cadenas estadounidenses Twentieth Century Fox, Disney, Paramount Pictures, Columbia, Universal City, Universal City Studios y Warner Bros, que denunciaron que a través de Cuevana se pueden bajar películas y series de su propiedad sin ninguna autorización. Se encuentran implicados los responsables del sitio Tomás Escobar, Mario Cardosio y David Fernández.
También, Telefé denunció que mediante Cuevana se puede ver las 24 horas su programación y el acceso a sus programas "Algo habrán hecho", "Clase Turista", "Lo que el viento nos dejó", "Los simuladores", y "The Simpsons" sin el permiso correspondiente para hacerlo.
En marzo de este año el fiscal general de la Cámara del Crimen porteña, Ricardo Sáenz, abrió una causa penal contra los responsables del sitio web argumentando una presunta “violación a las normas sobre propiedad intelectual previstas en la ley 11.723" ya que el sitio no es gratuito sino que sus administradores obtienen ganancias a través de pagos on line y de publicidad.