El caliente debate en la Legislatura porteña por el aborto no punible

En una sesión que culminó en la madrugada de este viernes la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto que regula los procedimientos para la atención de los abortos no punibles en la Ciudad. La norma fue sancionada con 30 votos positivos y 29 negativos e intenta cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia.

El pasado 6 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad firmó la resolución 1252/2012, firmada por el ex ministro de Salud porteño Jorge Lemus, que aprobaba un protocolo restrictivo para el acceso al aborto no punible pero que fue muy criticado por varias organizaciones y personalidades políticas ya que era considerado “arbitrario”.

Detrás de los votos finales de la sesión hubo un extenso debate que se desarrolló hasta la madrugada. Allí los legisladores plasmaron durante sus discursos sus posiciones, a favor y en contra del proyecto. María Elena Naddeo (FPyP) sostuvo que la ley que contempla el "derecho a la salud de las mujeres" y aseguró que el protocolo firmado por el ex ministro de salud es “contraproducente y es un retroceso” porque “pone trabas para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema”.

En contraparte, José Luis Acevedo (PRO), consideró que "es una barbaridad que una niña de 14 años no pueda sacar registro de conductor pero le dejamos que decida por la vida o muerte de una persona por nacer. No puedo entender la obediencia debida a semejante mamarracho". En consonancia con Acevedo, Daniel Lipovetzky (PRO), consignó que "el Gobierno confeccionó un protocolo que contempla todos los requisitos establecidos en el fallo de la Corte Suprema nacional".

La ley sancionada regula el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles y debe ser aplicada por el Ministerio de Salud de la ciudad que debe garantizar las prestaciones establecidas en la ley en todos los subsectores del sistema, esto es, la realización del diagnóstico, de los estudios y de las intervenciones médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo; el acceso a tratamiento psicoterapéutico desde la primera consulta y mientras resulte necesario, a petición de la persona; la consejería en salud posterior a la interrupción del embarazo para la persona y eventualmente para su pareja, que incluya información y provisión gratuita de métodos anticonceptivos e información sobre prevención de HIV y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

“El/la profesional interviniente solicita a la persona, o en caso de corresponder, a su representante legal, que suscriba una declaración jurada en la que manifieste dicha situación, la que se incorpora en la historia clínica. Si ya se hubiese efectuado denuncia judicial o policial, basta con su exhibición y registro en la historia clínica", consigna la ley aprobada. Para la constatación de los casos de peligro para la vida o para la salud integral causado o agravado por el embarazo que no pueda ser evitado por otros medios, previstos en el artículo 86 inciso 1º del Código Penal, el/la profesional interviniente debe fundar su diagnóstico en los estudios pertinentes.

"Hoy es un día histórico en la Legislatura porque se pudo dar el debate de cara a la sociedad", dijo Gabriela Alegre (FpV) y reflexionó que si "la Ciudad no pudiera dictar su propia ley sería ilegal también la resolución firmada por el renunciado Ministro Lemus que es una carrera de obstáculos para la realización del aborto no punible porque impone edad que no está en fallo de la Corte ni en el Código Penal, por hacer intervenir al director del hospital, entre otros aspectos".

Aunque, desde la otra vereda, Victoria Morales Gorleri (PRO) sostuvo que "es un debate que debe darse en la Cámara de Diputados de la Nación” y agregó que “tienden a la despenalización encubierta y así está en los pañuelos que tienen en estas bancas". Algo similar opinó Carmen Polledo (PRO): "el Frente para la Victoria y sus aliados circunstanciales es evidente que buscan la despenalización encubierta, pero sin embargo a nivel nacional no han sacado ni una ley ni un protocolo en ese sentido".

Rubén Campos (UCR), por su parte destacó que “es un asunto de avanzada que tiene en cuenta el derecho a la salud, y evita el trauma familiar, trastarnos psicológicos irreversibles" y pidió que "no ocurra como lo que pensaba Lombroso que se legisló para la castración de la criminalidad y que no sea cosa que esta ley sea castrada".

Siguiendo con la norma aprobada, se establece como “requisito inexcusable” el consentimiento informado, esto es, “que la persona o su representante legal otorgue previamente su consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el art. 4 inciso h) del decreto 208/2001 (B.O.C.B.A.1149) modificado por el Decreto 2316/ 2003 (B.O.C.B.A. 1826)”.

Asimismo se considera válido el consentimiento de la persona a partir de los 14 años y en los casos de niñas y adolescentes menores de 14 años o personas con restricción judicial de su capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, se requiere el consentimiento de su representante legal, respetando el derecho a ser oído de la niña o adolescentes y a que su opinión sea tenida en cuenta.

En cuanto a los plazos se debe garantizar la constatación de la causal en el menor plazo posible y la realización de las prácticas médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo en un plazo no mayor a los cinco días corridos desde que ésta se indique o se solicite. A esto se agrega que los profesionales de la salud “tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de las prácticas médicas objeto de la ley, sin consecuencia laboral alguna”.

“Escucho a las barras aplaudir sobre la vida y me pregunto sobre si nunca han pasado por cosas o alguna situación semejante, me van a decir que a los 14 años se puede bancar una violación, parir un hijo y vivir con ese trauma el resto de la vida. Yo no estoy para nada a favor del aborto, pero sí estoy de acuerdo en despenalizarlo porque creo en la igualdad de los derechos de las mujeres”, culminó la legisladora Gabriela Cerruti (NE).