En una una solicitada poco frecuente, 50 diputados y más de 400 personalidades de distintos ámbitos y organizaciones firmaron por este mensaje: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Clarín, Página 12, Revista Barcelona, La Arena, El Diario de La Pampa y Nuevo Diario de Salta publicaron una solicitada a favor de la legalización del aborto. Entre los firmantes, se encuentran 50 legisladores de la Cámara de Diputados, que apoyan el proyecto de “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, que fue realizado bajo la tutela de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“Es imprescindible que el Congreso Nacional debata y sancione el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque ésta es una deuda que la democracia tiene con las mujeres de la Argentina”, se declara en la solicitada.
Algunos de los legisladores que firmaron la nota fueron Fernanda Gil Lozano, Adriana Puiggrós, Héctor Recalde, Silvana Giudici, María Storani, Martín Sabbatella, Carlos Heller, Laura Alonso, Virginia Linares, Margarita Stolbizer, Roy Cortina, Victoria Donda Pérez, Verónica Benas, Héctor Álvaro, Nélida Belous, María Areta y Adriana García, entre otros.
Por otra parte, algunas de las organizaciones y personalidades que adhirieron a la solicitada fueron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el INADI, la CTA, sindicatos y gremios de todo el país, periodistas como Víctor Hugo Morales y Pablo Marchetti, actores y actrices tales como Soledad Silveyra, Mex Urtizberea, Gustavo Garzón e Inés Estévez, e intelectuales como Beatriz Sarlo y Ricardo Forster.
En el mismo orden, Beatriz Sarlo declaró a Página 12 que “la libertad de decisión sobre los caminos de la propia vida me parece el principio que funda una sociedad democrática, abierta y pluralista. En ella cada uno puede optar según lo indiquen sus normas morales, religiosas o ideológicas, pero todos deben estar en condiciones iguales para ejercer el derecho a elegir según los principios que suscriban”.
En Argentina, la ley establece penas para la mujer que se realiza el aborto y para quien realice el procedimiento, según la normativa vigente contemplada en los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal.
En ellos, se contemplan de tres a diez años de prisión para los participantes del aborto que se realice sin consentimiento de la mujer, elevando el lapso a quince años si se produjera su muerte, y de uno a cuatro años si se opera con consentimiento. Asimismo, esas consideraciones corren también para los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que "abusen de su ciencia o arte para causar el aborto". Además, pueden sufrir una inhabilitación por el doble de tiempo de su condena.
A su vez, el Código Penal no condena a los médicos que realicen el aborto con consentimiento si fue realizado para evitar que la salud de la mujer corra un riesgo que no puede ser evitado de otra forma, o bien, porque fuera causado por violación en "una mujer idiota o demente". En el último caso deberá existir consentimiento del representante legal de la afectada.
También son pasibles de condena, con penas de seis meses a dos años de prisión, las personas que causen un aborto no intencionado por el uso de la violencia, así como también puede ir a prisión de uno a cuatro años la mujer que se realice un aborto.
En marzo del año pasado, un proyecto presentado en 2007 a favor del aborto, por no ser tratado, perdió estado parlamentario. El texto de la normativa, firmada por diputados como Juliana Di Tullio, Roy Cortina, Nélida Belois y Claudio Lozano, declaraba que "toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional". Se realizaron marchas para lograr la reinserción del debate en el Congreso, y así es como en noviembre de 2010 se discutió nuevamente el tema.
“La penalización del aborto es incompatible con los Derechos Humanos”, había declarado el 30 de noviembre del año pasado Marianne Hollmann, representante de Human Rights, en la sesión de diputados que trató la problemática. En esa ocasión, Juan Carlos Vega, presidente de la Comisión Penal, recibió más de 850 mails con amenazas.
El debate se suscitó rápidamente en la sesión. Hubo cruces entre diputados como Cynthia Hotton, que aseguró que "la ciencia demuestra que hay vida desde la concepción; las sociedades progresistas se ocupan del más debil, y aquí es el niño por nacer”, opinión que fue sustentada por la legisladora Ivana Bianchi, que se preguntó "donde queda el derecho del niño por nacer".
En esa ocasión, Vilma Ibarra declaró que “es el único caso en que el dictado de una ley salva vidas”, y María Luisa Storani precisó que "las mujeres que mueren son las mujeres y niñas pobres”.