La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, se mostró “sorprendida” con la respuesta de la Corte de examinar "de forma conjunta" el pago del tributo en el Poder Judicial y ratificó que el Ministerio Público es "agente de retención". Al mismo tiempo, el titular del gremio de los empleados judiciales, Julio Piumato, se expresó en contra del pago del impuesto y desde la Defensoría General, por ahora, prefieren el silencio. La propuesta del diputado Manuel Garrido.
"Nos dicen que paguemos nosotros, mientras ellos no lo hacen", esputó este miércoles la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en respuesta al oficio enviado por la Corte Suprema en contestación a su propuesta de examinar “de manera conjunta” el pago del Impuesto a las Ganancias.
El pasado martes la Corte Suprema le contestó al oficio enviado desde la Procuración General que proponía trabajar de manera conjunta en el pago del Impuesto a las Ganancias. “No existe ningún impedimento para que el Ministerio Publico actúe como agente de retención del impuesto a las ganancias, sino que es su obligación hacerlo", señaló el texto con ironía y dureza.
"Cuando se trata de plata, la Corte Suprema no respeta la Constitución” continuó Gils Carbó en declaraciones realizadas a medios radiales este miércoles y explicó que "cuando se dicta la acordada en el 96 no estaba la ley del Ministerio Público, que es del 98. La ley actual dice otra cosa". "Hasta que no se deje caer la acordada no podemos empezar a pagar el impuesto", dijo.
En ese tono, explicó que "el Consejo de la Magistratura está cooptado por la corporación judicial y es preocupante que un Tribunal Supremo ignore las leyes. Se está diciendo que paguemos nosotros mientras ellos no pagan, y eso es una respuesta sorprendente”, redundó.
Según agregó la Procuradora, "hay una razón de interés general atrás de que se pague el Impuesto a las Ganancias" y evaluó que "la Corte tiene dificultades en avanzar porque a muchos les representa cobrar un tercio menos". Asimismo, reconoció que "hay mucha gente a la que le significa no llegar a fin de mes" y que por este motivo "los gremios plantearon sus cuestiones, que son legítimas".
“Nosotros pedíamos sentarnos en la mesa de discusión, para que los magistrados paguen ganancias. Lo que no es cierto en eso que firma la contadora es que la Corte no pueda tomar decisiones en la cuestión salarial. Sí las toma. En cada aumento que da la Corte, se aplica directamente. Un supremo tribunal no puede ignorar esto”, afirmó.
El silencio de los inocentes
En el oficio remitido ayer desde la Corte Suprema, también fueron nombrados los defensores. En este sentido según pudo averiguar DiarioJudicial.com, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien también integra junto con la Procuradora el espacio de “Justicia Legitima”, por el momento “no va a decir nada”, al tiempo que se destacó que “se trata de un conflicto entre la Corte y la Procuración”.
Martínez se encuentra en pleno viaje a Misiones donde participará del Primer Encuentro Regional de Magistradas que integran la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) de América Latina y el Caribe, así como el “XX Encuentro de Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina”, que se realizaran el próximo el 14 y 15 de marzo en la ciudad de Iguazú.
Críticas
Como era previsible, Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) también habló y sostuvo que "es una medida regresiva y un techo a los salarios". Es que los empleados de la Justicia Nacional tampoco pagan el impuesto a las ganancias. “Pretender que los trabajadores judiciales paguemos Ganancias es bajarnos los salarios; que entonces los compensen", argumentó.
“Se trata de imponer, de arrodillar a la Justicia, para conseguir una Justicia adicta como en los ´90" se extendió Piumato y sostuvo que “no hay planteo racional de distribución de ingresos, grupos económicos no pagan".
Otro proyecto en Diputados para el pago de Ganancias
El diputado nacional Manuel Garrido (UCR), ex titular de la FIA, presentó un proyecto de ley sobre la integración del Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial. En el mismo reclama el cumplimiento de la ley 24.631 y sus modificatorias, respecto al “cumplimiento de la retención del Impuesto a las Ganancias para todos los cargos públicos, incluidos magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como los miembros del Consejo de la Magistratura, vocales de Tribunales de Cuentas, miembros de Tribunales Fiscales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El proyecto, al que tuvo acceso este medio, propone que “el Poder Ejecutivo disponga incrementos salariales que compensen equitativamente las deducciones ocasionadas por el tributo del que hasta el momento han sido eximidos, de acuerdo a las categorías laborales vigentes al momento”.
“Es obligación del Poder Ejecutivo hacerla cumplir, lo que no se ha hecho en todos estos años, pese a la verborragia amenazadora utilizada especialmente en tiempos de algún fallo adverso a sus intereses o deseos”, expresó Garrido.