No todo concluye al fin

El conflicto iniciado el año pasado por los presuntos manejos discrecionales de los fondos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut por parte de algunos de sus miembros llegó a una etapa de definiciones. La Sala de Acusar de la legislatura provincial decidió no seguir adelante con el pedido de juicio político realizado contra los jueces José Luis Pasutti, Daniel Caneo y Fernando Royer, pero, en cambio, sí aceptó que se curse la iniciativa presentada en este sentido contra su par Alejandro Panizzi, quien este lunes fue, además, suspendido.

 

Fue precisamente Panizzi quien inició todo esto, ya que en 2012, en declaraciones periodísticas, afirmó que sus colegas habían cobrado viáticos extra en sus viajes a congresos, que habían hecho una compra reiterada de vehículos de forma innecesaria, entre otras cuestiones. Para coronar todo eso, aseguró que “uno a veces se come sapos” para pode trabajar ordenadamente con los demás jueces.

 

En tanto, la denuncia contra Panizzi fue realizada por los jueces que él mismo acusó, debido a que, según señalaron, el magistrado tuvo una falta en “la aptitud y buena conducta que prevé el artículo 165 primera parte de la Constitución Provincial, y encontrarse incurso en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.

 

Teniendo en consideración todas las evidencias y constancias del caso, la comisión investigadora de la legislatura decidió, por cuatro votos contra uno, dar curso al proceso en contra del titular de la Sala Penal del STJ. Argentina Martínez (FpV), Eduardo Daniel (FpV), Javier Cisneros (FpV) y José Luis Lizurume (UCR) se pronunciaron a favor del planteo hecho en contra del juez, mientras que Mirtha Romero (Modelo Chubut) se opuso.

 

La Sala de Acusar y la comisión investigadora utilizaron los 40 días que tenían de plazo para tomar una decisión al respecto. El presidente de la Comisión, Javier Cisneros (FpV), había afirmado hace un poco menos de un mes que estuvieron “en reunión permanente” con los demás legisladores, dado que el tema implicaba un grado de gravedad institucional que podía haber llegado a ser más alto de lo que es ahora.

 

En tanto, la defensora pública subrogante que se encargará de llevar el caso de Panizzi y de brindarle su asistencia en lo que resta del proceso será Julia Laborde.

 

En este orden de ideas, Cisneros había consignado que “estamos ante una situación delicada, en la que están involucradas los máximos representantes de la autoridad judicial de la Provincia. Entonces, es lógico que todos hayamos analizado profundamente para luego tomar la decisión que se tomó”.

 

Desde los organismos legislativos que siguieron el caso afirmaron que, como lo establece la normativa, solo se dará a conocer la información que ellos consideren necesaria. La reunión de este lunes duró cerca de dos horas y participaron todos los integrantes de la comisión investigadora y la Sala de Acusar, cuyo titular es Juan Luis Alé (FpV).