La idea ya fue deslizada y la voluntad ya fue expresada: el oficialismo quiere aprobar la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial antes de fin de año, para formar un único cuerpo normativo que tendrá más de 2.000 artículos y condensará parte de la jurisprudencia que ya marca los cambios evidentes en la forma de pronunciarse de los jueces y tribunales.
Por estos motivos, y luego de haber presentado su anteproyecto de ley de cara los demás bloques, el ministro de Justicia Julio Alak iba a defender este lunes la postura del Ejecutivo y sus aportes a la iniciativa en una nueva reunión de la Comisión Bicameral que sigue el asunto, y desde donde también se deslizó la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias para comenzar 2014 con un nuevo código unificado, pero finalmente no se presentó
En este sentido, además de la defensa que iba a llevar a cabo el titular de la cartera de Justicia, hubo cruces de opiniones en torno a la responsabilidad del Estado que se pretende llevar a cabo desde la propuesta del Ejecutivo, ya que los integrantes de los bloques opositores se mostraron sumamente disconformes con las ideas del oficialismo.
Ricardo Gil Lavedra (UCR) aseguró en la reunión de este lunes que “nos parece un proyecto inaceptable, porque va a contramano de la doctrina vigente de la Corte Suprema que el proyecto dice respetar, y también va contra decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede desvincularse la discusión de este proyecto de la del Código Civil”.
La propuesta sobre responsabilidades estatales, según expresaron desde la oposición, debe discutirse integralmente junto a la reforma y unificación de los códigos, por lo que consideraron un “despropósito” que no se acoplen ambos debates.
Por su parte, Graciela Giannettasio (FpV) aseguró que no se trata de una “irresponsabilidad del Estado”, y también destacó que la propuesta “recoge y orden la construcción pretoriana”, que se deriva de la aplicación de un principio consignado en la Carta Magna sobre propiedad e igualdad ante las cargas públicas.
El primer artículo del proyecto expresa que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria" y agrega que "la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”.
Por su parte, el bloque de diputados del Frente Renovador, con Massa a la cabeza, confirmó que se pronunciarán a favor de la reforma y unificación del nuevo código, aunque puedan existir señalamientos y particularidades con respecto a ciertos temas vinculados a los puntos más álgidos de la propuesta, como la responsabilidad civil y otros asuntos.
dju
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