La Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales fue sancionada en marzo de 2009. Esta semana, y después de seguir los pasos de otras provincias, Santa Fe reglamentó la normativa mediante la cual se acopla a lo establecido a nivel nacional en torno a esta problemática, lo que constituía una verdadera deuda de cara a la población santafesina.
De esta manera, el Estado tendrá que llevar a cabo verdaderas políticas y planes para erradicar y, en principio, combatir los dramas que se viven a raíz de la grave situación que atraviesa la provincia en este sentido. Por ejemplo, la trata de personas ha sido uno de los temas más abordados por la Justicia a raíz del descubrimiento de muchas redes clandestinas de trata que operaban en territorio santafesino.
Pero además la iniciativa de Santa Fe incorpora un elemento que no fue tenido en cuenta por otras provincias, que es la definición de mujer que brinda la ley nacional: “Se deja bien sentada la definición de mujer desde las convenciones internacionales y leyes nacionales; planteando fundamentalmente el tema de autopercepción y de sentimiento subjetivo de la identidad de mujer”.
De todas formas, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Mónica Biffarello, expresó que “nosotros estamos convencidos de que el abordaje de las políticas de género no es privativo o exclusivo de un área, es por ello que concebimos el rol de la Dirección como de orientación y coordinación de todas las múltiples tareas que se vienen desarrollando desde los diferentes ministerios”.
La legislación, ahora vigente en el territorio santafesino, establece que se deberán brindar espacios a nivel comunal para que las personas afectadas por esta problemática puedan llevar a cabo sus denuncias y dar paso a las actuaciones judiciales.
Pero esta iniciativa no se trata solo de crear un canal de acceso al Poder Judicial, sino, también, de poder llevar a cabo una política de acompañamiento de las víctimas para no ponderar solo los canales institucionales que, de hecho, ya estaban garantizados. Esto prueba que la única forma de combatir la problemática es asumiendo la responsabilidad de no dejar a la intemperie los reclamos de los afectados.
La normativa también expresa la necesidad de crear una comisión interinstitucional para llevar a cabo estos planes: “Dicha Comisión ya está en marcha, es coordinada por la Dirección Provincial de Género y está integrada por representantes de todos los ministerios. Periódicamente se reúne para poner a la problemática de género sobre la mesa y ver qué se hace desde cada uno de los lugares”.
Con respecto a las herramientas existentes, Biffarello expresó: “La provincia cuenta actualmente con una red de Casas de Amparo, el funcionamiento de dichos espacios se trabaja de manera conjunta con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil”.
dju
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