En julio de 1977 se vivió una de las semanas más fatídicas para los abogados que fueron desaparecidos durante la última dictadura militar: durante una semana, se practicó lo que más tarde fue una operación conocida como la “Noche de las corbatas”. Varios letrados del fuero laboral de la ciudad de Mar Del Plata fueron secuestrados por el terrorismo de Estado, la mayoría de ellos asesinados por el aparato represivo militar.
Después de muchas idas y vueltas con respecto a su vinculación y con la posibilidad de que perdiera sus fueros, finalmente, el próximo 17 de marzo comenzará el jury de enjuiciamiento al juez marplatense Pedro Hooft, según confirmó la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA), donde además brindaron datos de quiénes serán encargados de tomar una decisión en torno a la vinculación del magistrado con la Justicia bonaerense.
Gracias a la causa que encabezó Eduardo Luis Duhalde mientras encabezaba la Secretaría de Derechos Humanos de la nación se pudo desentrañar la relación que tuvo Hooft con los hechos. Esto motivó su suspensión como juez correccional de la ciudad de la Costa Atlántica, pero no había perdido los fueros.
Este caso se convirtió en una batalla entre los detractores de Hooft y la gente que lo apoyaba, cuyo mayor aporte venía de su familia que se manifestó ante los medios en diversas ocasiones explicando que se trataba de una “persecución” en contra del suspendido magistrado.
El último informe remitido por el Ministerio Público Fiscal bonaerense estableció que el juez “pretende llevar su defensa a ámbitos políticos y mediáticos como un modo de sortear por quinta vez la convocatoria a prestar declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad. (…) Ello ocurre gracias a que, si bien está suspendido como juez correccional de Mar del Plata, todavía goza de los fueros que le otorga el cargo, que sólo perderá en caso de que el jury de enjuiciamiento decida su destitución. La protección de los fueros ha impedido el dictado de una orden de detención para que comparezca a declarar”.
Los fiscales explicaron que “tampoco Hooft declinó la competencia a favor del fuero federal y, transcurrido un mes y medio de los hechos, remitió las causas a la Subzona Militar 15 por entender que se relacionaban con casos de supuesto origen subversivo. Es decir que envió los expedientes para su investigación a la fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales”.
El jurado estará presidido por el integrante de la SCBA, Juan Carlos Hitters, e integrado por los conjueces Héctor Ricardo Martin; Eduardo Gustavo A. López Wesselhoefft; Atilio Ricardo Rosello; José Luis Núñez; y José Miguel Nemina.
Por el lado de los legisladores, formarán parte del tribunal los diputados Alicia Porto; Abel Eduardo Buil; y Guido Martín Lorenzino Matta; por el lado de los senadores se encuentran convocados Héctor Luis Vitale y Luciano Martini. En tanto el secretario será Gustavo Mastrocesare y el prosecretario será Agustín Alcántara.
dju
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