El puzzle de la Justicia bonaerense

La apertura de las sesiones legislativas en Buenos Aires comenzó con señalamientos previos que el gobernador provincial, Daniel Scioli, no dudó en responder. Desde la bancada del Frente Renovador pusieron de manifiesto que la reforma del Código Penal debía ser uno de los temas sobre los que debían realizarse pronunciamientos en el discurso del mandatario bonaerense, pero en cambio, la respuesta fue por otro lado.

 

Scioli eligió responder recordando la serie de iniciativas presentadas por el Ejecutivo tendientes a reducir las posibilidades de que se brinden excarcelaciones rápidas. En junio del año pasado se aprobó una iniciativa que iba en este sentido, donde se establecieron límites a los beneficios de libertad condicional para aquellos que fueran detenidos con armas de fuego ilegales o entorpecieran investigaciones.

 

Entonces, el gobernador se pronunció afirmando que “buscamos actualizar la legislación vigente, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan”. Esta posición le valió críticas de varios organismos defensores de los derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) o el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

Pero una vez que realizó esta suerte de contestación, sin entrar en la confrontación directa con el bloque político dirigido por el diputado nacional Sergio Massa, el mandatario provincial se dedicó a realizar una serie de anuncios relativos a los proyectos que se encararán este año para reforzar la Justicia provincial.

 

Después de celebrar la sanción de la ley de Juicio por Jurados, Scioli consignó de forma muy concreta: “Ahora propongo crear 30 Fiscalías nuevas -10 de ellas dedicadas exclusivamente al Narcotráfico-, 20 Defensorías y 20 Ayudantías de Fiscal, más el cuerpo de magistrados suplentes: 45 fiscales, 31 defensores y 8 asesores de incapaces, para lo cual elevé el correspondiente proyecto de Ley”.

 

Pero en relación a un rumor sobre la posible creación de una ley que penalice a los barrabravas por su actividad delictiva, el gobernador no hizo demasiadas precisiones aunque aseguró que buscará que se prohíba la asistencia de estas personas a los espectáculos deportivos, a la vez que creará fiscalías especiales para estos casos.

 

En este mismo orden de ideas, el titular del Ejecutivo provincial reseñó: “Proponemos la cárcel y el castigo para los violentos que no respetan la Ley, y para los que intimidan y desvirtúan la esencia del deporte, con el apriete y la complicidad”.

 

El borrador del proyecto que prevé penas para los barrabravas fue presentado por Chris Walley, Director de Seguridad en Estadios de la Asociación del Fútbol de Inglaterra (The Football Association), y contó con la presencia de funcionarios bonaerenses, por lo que es probable que, con algunas modificaciones, sea elevado por el Ejecutivo a la legislatura provincial.

 

El proyecto define al barrabrava como aquel que “formare parte, en forma abierta o encubierta, de una asociación o grupo de hecho que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por diez o más personas y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos indeterminados, con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados”.