Así no

Las denuncias por casos de violencia institucional aumentan con el tiempo. Las condiciones infrahumanas registradas en muchas unidades penitenciarias del país cada vez tienen un peso mayor en la agenda de la Justicia, pero los casos no dejan de presentarse: la Procuración Penitenciaria solicitó legislación al respecto el mes pasado en un país donde cerca del 70% de los reclusos no tienen condena firme.

 

En este orden de hechos, el pabellón 8 de la Unidad 2 del penal de Sierra Chica fue clausurado por orden de Adriana Raquel Bianco, titular del Juzgado de Ejecución 2 de Alvear. La denuncia que motivó el fallo fue presentada por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN, dependiente del Ministerio Público Fiscal) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

 

La iniciativa surgió después de una serie de inspecciones llevadas a cabo en diferentes unidades penitenciarias de la provincia llevadas a cabo por ambos organismos, donde se constataron faltas muy graves y condiciones de hacinamiento.

 

Siguiendo esta línea de acción, la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) dictó una resolución en la que se requiere al Ministerio de Justicia bonaerense un informe sobre la situación del pabellón 8, poniendo además en conocimiento de la situación a la Procuración General de la provincia el hecho de que no existe contacto con defensores de parte de los reclusos, tal como lo denunció la CPM.

 

La orden de la magistrada orden a Diego Belinchon, director de Sierra Chica, a “arbitrar medios a fin de que ningún interno, y en especial los alojados en el pabellón 10, duerma en un colchón en el suelo”, y que los detenidos provenientes de comisarías “accedan diariamente a horas de patio y recreación, como así también a teléfono”.

 

Las últimas dos inspecciones que la organización llevó a cabo en la provincia, que abarcaron 19 departamentos judiciales, implicaron la presentación de más de 400 acciones urgentes por las condiciones que encontraron en las unidades penitenciarias.

 

Los miembros de la CPM, junto a la PROCUVIN, encontraron que “en cada instancia de monitoreo se pudo verificar que los techos de la Unidad tienen grandes filtraciones de agua a las que se les suma una precaria instalación eléctrica con cables pelados y un alto riesgo para la integridad física de quienes están allí alojados”. 

 

“También se constató que la alimentación que debe proveer el estado es escasa o nula, que existe hacinamiento en celdas compartidas de 2 por 3 metros, y se observó la presencia de cucarachas y ratas. A ello se le suma un régimen que consiste en 24 horas de encierro en las celdas, sin acceso a las duchas, instancias recreativas, educativas y/o laborales ni comunicación telefónica con los familiares o respectivos juzgados”, agregaron los integrantes de ambos espacios.