En medio de las discusiones salariales de los magistrados y funcionarios bonaerenses, el Poder Ejecutivo provincial respondió con una carta en la que se aseguró que no podía intervenir en las negociaciones de otro poder del Estado. Este ida y vuelta, en el que se generaron fuertes cruces, generó una idea que también despertó polémica: un proyecto de ley para que el Poder Judicial tenga autarquía financiera.
Esta propuesta, que se encuentra a un paso de ser enviada a la legislatura provincial, brinda mayores potestades administrativas que, ciertamente, no poseía la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA). Entre otras cosas, el presupuesto será administrado por el Máximo Tribunal provincial, brindando las potestades para el manejo de los servicios, la infraestructura, y el punto que fue el principio de la idea, que es la cuestión salarial.
Para delinear algunos aspectos fundamentales, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, se reunió tanto con los representantes de la SCBA como con abogados de los 22 colegios provincial y el titular del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Bienvenido Rodríguez Basalo. Pero también formaron parte de los encuentros los miembros del Colegio de Magistrados de Buenos Aires.
Desde esta institución señalaron que se trata de una “absoluta falta de respeto por las garantías de la Constitución nacional y las mandas de la Constitución provincial en este punto, sumadas al destrato al que son sometidos los magistrados de nuestra Provincia, a quienes se les conculca el derecho a discutir las condiciones de su trabajo”.
La carta del Ejecutivo había despertado recelo, debido al señalamiento sobre la injerencia intrapoderes en torno a la negociación salarial. Es en estos términos que los jueces colegiados manifestaron que “el Ejecutivo provincial, a través del gabinete de ministros, ha fijado sistemática y arbitrariamente las recomposiciones salariales de los Magistrados, contrariando la posición explicitada por el representante del Sr. Gobernador en su carta y sin atender a los reclamos de quienes tienen mandato reconocido”.
“Esta situación es intolerable e inconstitucional, ya que atenta contra el principio de Intangibilidad de los salarios de los magistrados y contra la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aclaran los magistrados.
Fundamentalmente, el reclamo surge a partir de la falta de participación que tienen los magistrados en la política salarial del sector. El anuncio del gobernador Daniel Scioli en torno a la creación de este proyecto provocó que los jueces pidieran intervenir en esta iniciativa, alegando, al mismo tiempo, que existe una gran disparidad entre sus sueldos y los de la Justicia a nivel nacional.
Casal prometió que “en los próximos días” se definiría el texto con el que los legisladores discutirán la posible autarquía financiera del Poder Judicial. Mientras tanto, los magistrados siguen reclamando participar en esta iniciativa y tener mayor peso en la discusión salarial.
dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.