El Grupo Nacional Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal hizo público su apoyo al proyecto de reforma del Códgio Procesal Penal. A través de un comunicado, aclaró que sin perjuicio de "observaciones puntuales", la medida "recepta los principios constitucionales del procedimiento penal tendiente al acusatorio".
"El Grupo Nacional Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal recibe con beneplácito el envío al H. Congreso de la Nación del proyecto de Código Procesal Penal de la Nación".
Con esta introducción, este grupo de abogados, abogados, jueces, docentes y funcionarios de la justicia hizo público su apoyo a la inicativa que busca modificar el actual Código de Procedimientos en materia Penal. En grupo expresó que "sin perjuicio de las observaciones puntuales que se comunicarán por separado y canales correspondientes", el proyecto "recepta los principios constitucionales del procedimiento penal tendiente al acusatorio"
El comunicado, suscrito por el presidente de la entidad, el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal Javier Augusto De Luca, su vicepresidente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, y su secretario general, el juez de la Cámara del Crimen Luis María Bunge Campos, resaltó que el proyecto incorpora "la concreción de la separación material entre las funciones de investigación/acusación y la jurisdiccional; la igualdad de armas para el imputado y su defensa; el sistema de audiencias públicas y orales para favorecer la ágil toma de decisiones y transparentar las actividades de los operadores; la desformalización de la investigación y la desacralización de los actos procesales y la adquisición de las pruebas"
En ese sentido, también celebró la incorporación de principios como el de "inmediatez e imparcialidad en el juzgador; de consideración de los derechos de las víctimas mediante su intervención en el proceso; de criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal pública; de responsabilidad de los funcionarios incompetentes y de revisión amplia de las sentencias".
Tal como se sostuvo en la exposisición de fundamentos del proyecto, y como también hicieron saber diversos integrantes, tanto del Ministerio Público Fiscal como el de la Defensa, la agrupación abogó por una modificación en la estructura funcional, tanto de los futuros Juzgados de Garantías, como del Ministerio Público.
La agrupación declaró que "espera que la futura ley de organización judicial que deba dictarse para su puesta en funcionamiento, establezca el sistema de jueces distribuidos de manera horizontal (excepto la Corte Suprema, arts. 116 y 117 CN) y organizados en colegios para intervenir en la investigación penal preparatoria, en el juicio o en la ejecución penal, a partir del principio de la nítida separación de la función jurisdiccional y la administrativa; que estén organizados por las correspondientes oficinas de gestión y administración, que también proporcione los recursos económicos y humanos para el desempeño de sus tareas".
Por último, los firmantes instaron para que "los fiscales sean verdaderos realizadores de la política criminal del Estado, del respeto a la legalidad y los derechos de víctimas y garantías de imputados; guiados por el principio de objetividad y unidad de actuación, que trabajen de manera coordinada en grupos o unidades, ya sean éstas territoriales, por turnos o temáticas, que les permita atender el mismo caso de manera óptima a la política criminal desde el principio hasta su finalización y, a su vez, genere controles de actuación internos y externos (principio republicano de gobierno) y prevenga de la interferencia en sus funciones de distintos factores de poder, la atomización del poder punitivo y la producción de criterios discordantes a la hora de la realización de la política criminal".