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El fin de las sesiones legislativas se acerca y todo parece indicar que el oficialismo buscará extender este plazo para poder, antes de que termine el año, dar media sanción al proyecto de ley que busca reformar el Código Procesal Penal. Es por eso que las audiencias en el Senado con respecto a este tema se están dando de forma ininterrumpida desde hace más de un mes.

 

Este martes, fueron parte de la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto del Senado integrantes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, y el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare.

 

Además, participaron el subdirector de la Dirección de Legales y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rodrigo Borda; el doctor en Derecho Penal Carlos Enrique Llera; el profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA Maximiliano Rusconi; y el profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA Fernando Díaz Cantón.

 

Desde el INECIP ya habían manifestado el “beneplácito por el envío de un proyecto de nuevo Código Procesal Penal Federal por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, en lo que constituye no sólo el primer paso del proceso de reforma de un sistema de justicia anclado en bases coloniales sino que marca un hito político, puesto que existen pocos antecedentes en la historia argentina de envío al parlamento de este tipo de leyes por parte de un poder del Estado”.

 

Desde la organización entendieron que “las discusiones sobre aspectos puntuales no pueden significar un freno al inicio de una nueva etapa histórica para el alicaído sistema de justicia penal federal”.

 

“En este sentido, es profusa la jurisprudencia vinculada a cuáles con los estándares necesarios para el encarcelamiento preventivo. El paulatino pero sostenido avance histórico de esa discusión hacia el establecimiento de criterios estrictamente procesales, como únicas razones válidas para limitar la libertad durante la vigencia del estado jurídico de inocencia, difícilmente pueda ser modificado por un artículo de una ley. También aquí cabe advertir sobre las consecuencias del fetichismo normativista”, precisaron también.

 

“Del mismo modo, las redacciones referidas a procedimientos especiales para personas extranjeras en situación migratoria irregular (además de no tributar a los orígenes y cultura de una parte sustancial del pueblo argentino), corresponde que sean adecuadas y concordantes con la avanzada legislación migratoria nacional; ámbito en el cual se deberían regular estas cuestiones, atendiendo a las particularidades de la materia”, consignaron en relación al proyecto.

 

Julio Piumato ya se había manifestado de esta forma y remarcó su posición: afirmó que esta reforma busca garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas cuando el gobierno cambie, dándole “más poderes a la procuradora general (por Alejandra Gils Carbó)”.

 

"Están transformando el Ministerio Público Fiscal en una verdadera Gestapo para perseguir a los opositores y garantizar la impunidad de los propios y los amigos", afirmó, sin atisbo de dudas, el máximo dirigente gremial de los judiciales.

 

"Gils Carbó se llena la boca con la ley de ingreso democrático al Poder Judicial, pero desde que está vigente designó a 250 personas sin pasar por concurso. Y con esta ley se crearán otros 1.500 puestos para desembarcar con su grupo de tareas. Es un verdadero aquelarre", precisó en su exposición el gremialista.