Las discusiones tuvieron diferencias bien marcadas: en el Senado fueron varias semanas con invitados de diferentes ámbitos del mundo del Derecho, tanto de la administración de Justicia como de sectores sindicales, dejando un saldo de mayor respaldo a la iniciativa que prevé la modificación del Código Procesal Penal de la nación. Pero en la Cámara Baja, el primer paso dado en este sentido fue sumamente discutido.
Este jueves un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda brindaron el dictamen que permitirá que la iniciativa sea discutida ante el pleno de la Cámara Baja, en un encuentro en el que hubo pocos expositores y que los diputados oficialistas criticaron casi unánimemente.
La exposición de la propuesta elaborada por el Ejecutivo duró no más de 20 minutos, y los participantes fueron el ministro de Justicia, Julio Alak, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, quienes, más tarde, partieron al Senado y no se sometieron a ninguna pregunta de parte de los legisladores.
El titular de la cartera de Justicia señaló en su presentación que este nuevo Código “tiene como objetivo hacer más eficiente la lucha contra el delito, en particular contra el crimen organizado”. Y añadió que se trata de una “modificación profunda, que no es una deuda de la democracia sino de la República, porque si hay una institución, norma, código, que viene siendo denunciado como ineficaz en la historia de la Argentina es el de procedimiento penal”.
Por su parte, la oposición fue retirándose del recinto a medida que avanzaba el encuentro debido al desacuerdo planteado por la forma del debate y las cortas exposiciones, al menos, en relación a las que se dieron en la Cámara Alta. Además, buscaron que la Comisión que encabezara el encuentro fuera la de Legislación Penal, presidida por Patricia Bullrich (PRO), pero no pudieron llegar a ese consenso.
A pesar de su descontento con por no poder lograr el cambio en el encabezamiento del plenario, Bullrich apoyó la idea de modificar el Código Procesal Penal, pero realizando algunos señalamientos: afirmó que esta reforma busca un “intento de colonialización de los cargos judiciales”.
“Es un intento de colonización de los cargos judiciales porque esto sería lo único que comenzaría a ponerse en ejecución en el momento en que se publica (el nuevo Código) en boletín oficial”, señaló la diputada de larga trayectoria política en buena parte de los bloques que componen la Cámara Baja.
En tanto, Manuel Garrido (UCR) consignó que se trata de un “refrito de proyectos” que ya se aprobaron en otros países de América Latina. También se quejó de la falta de responsabilidad del ministro de Justicia por delegar tareas de la confección de este Código a la Comisión Bicameral.
También, y sumándose a lo que fue una opinión mayoritaria en su bloque, se quejó sobre la propuesta que establece la “pena de destierro para los extranjeros que hayan cometido un delito menor”.
Hacia el final de la reunión, cuando ya quedaban pocos legisladores (la gran mayoría de la oposición se marchó en desacuerdo por el manejo del debate), Pablo Kosiner (FpV) decidió intervenir para defender el proyecto y entendió que ya era hora de realizar cambios respecto a las cuestiones procesales.
“El sistema procesal viene discutiéndose en Argentina desde hace más de 25 años en las provincias”, precisó el diputado, y añadió que “estamos completando un proceso netamente federal en materia acusatoria”.
dju
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