La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un recurso extraordinario federal para que sea la Corte Suprema la que revise la sentencia Casación que revocó un fallo que le dejaba al organismo ingresar e inspeccionar los establecimientos de niños, niñas y adolescentes privadas de su libertad.
Finalmente la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un recurso extraordinario federal para que sea la Corte Suprema la que revise la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó una sentencia que le dejaba al organismo ingresar e inspeccionar los establecimientos que alojan a niños, niñas y adolescentes privadas de su libertad.
El organismo encabezado por Francisco Mugnolo solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “haga cesar, con la mayor celeridad posible, las maniobras obstaculizadoras que la SENNAF viene llevando a cabo desde el año 2009”.
La decisión se da luego de que se produjera un incendio que culminó con la muerte del adolescente, Diego Borjas, que se encontraba irregularmente alojado en una celda de aislamiento en el instituto Luis Agote.
En los últimos días varios organismos internacionales y observadores del sistema expresen su preocupación por la situación. Entre ellos Amnistía Internacional Argentina y el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.
Este último recorrió todo el centro e inmediatamente dispusieron la clausura del sector de calabozos donde había sucedido el incendio que provocara la muerte del joven.
Ahora la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal deberá examinar la admisibilidad del recurso y, eventualmente, elevar las actuaciones a consideración de la Corte Suprema que “tendrá la posibilidad de remediar la grave situación denunciada”, explicaron desde la procuración.
La sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, revocó un fallo que le ordenaba a la SENNAF dejar ingresar a la PPN en los institutos de menores para que cumpla con sus deberes de control en esos lugares.
En aquella sentencia la Casación sostuvo que no había ninguna situación de urgencia que reclamara el control de la PPN, pues no existirían violaciones de los derechos de los niños detenidos.